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Varias familias se plantean boicotear el examen de la LOMCE de 3º de Primaria

Consideran que la prueba es "innecesaria" y planean no llevar a sus hijos al colegio esos días de mayo.

Montserrat Gomendio y Dolores Serrat, en su visita al colegio Cesáreo Alierta, que realizó la prueba piloto
Varias familias se plantean boicotear el examen de la LOMCE de 3º de Primaria
P. F.

Unos 12.000 niños aragoneses de 3º de Primaria deben examinarse del 5 al 7 de mayo de la nueva prueba de evaluación que recoge la LOMCE. Pero no todos lo harán. Varias familias de Zaragoza se plantean boicotear esta prueba y no llevar ese día a sus niños al colegio. Critican que es una prueba "inncesaria" y que no va a beneficiar a la educación de sus hijos.

Varias asociaciones de padres se están planteando este boicot o alguna otra medida de protesta para esos días, según ha podido saber Heraldo.es. La decisión de no llevar a los niños al colegio para que no hagan los exámenes será de cada familia a título particular.

"Hemos decidido que nuestro hijo no realizará la evaluación de 3º de la LOMCE. No estamos de acuerdo con la ley ni con esta prueba. No nos han informado prácticamente de nada. No sabemos para qué se van a utilizar estos datos. Consideramos que es someter a los niños a un estrés innecesario. Estamos contentos con el aprendizaje de nuestro hijo en el colegio y nos parece que no aporta nada que vengan unos profesores externos a hacer una evaluación durante tres días", afirma una madre. En su centro, al menos otra familia ha tomado la misma decisión.

"La inmensa mayoría de las familias de 3º de nuestro colegio estamos en contra de la LOMCE y de esta evaluación. Un grupo de más de 50 familias estamos planteándonos dos opciones: no llevar a los chicos a clase esos días o hacer alguna concentración de protesta. Tenemos dudas sobre qué consecuencias puede tener para las familias que no quieran hacer los exámenes", explican desde la asociación de padres de un colegio zaragozano.

Y explican sus razones: "No queremos que utilicen a nuestros hijos. Las pruebas son inadecuadas por el contenido y por la forma. No se tiene en cuenta la evaluación continua que pueden hacer sus tutores, que son quienes les conocen. Creemos que el fin último de estas pruebas no son mejorar la calidad educativa, sino hacer ránking de centros".

La realización de esta prueba obligatoria ha generado mucho malestar entre profesores y familias, pero ningún colectivo ha manifestado públicamente su apoyo a un posible boicot. Se trata de una prueba obligatoria y no están claras las consecuencias de incumplir la ley.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR) ha criticado la prueba y exige al Departamento de Educación aclaraciones sobre su realización. "Queremos saber que medidas adoptarán los centros en caso de que los resultados de un alumno resulten desfavorables. Y qué medidas respecto al profesor si su grupo obtiene mayoritariamente malos resultados. Y cómo afectará al expediente de un alumno si no aprueba estos exámenes", señala la presidenta de FAPAR, Flor Miguel.Dudas sobre la encuesta a las familias

El Departamento de Educación afirmó que también se tendrían en cuenta las condiciones socioeconómicas de los niños, y para ello pasó una encuesta a las familias hace unos días. FAPAR ha criticado que la encuesta no garantiza el anonimato y muchas familias se han quejado sobre el contenido.

La encuesta -que en varios colegios consultados iba encabezada con el nombre de cada niño- preguntaba, entre otras cosas, por el nivel de estudios de los padres, cuántos libros o aparatos tecnológicos hay en casa, cuánto tiempo se conecta el niño a internet, quién le ayuda a hacer los deberes, si hace deporte o actividades artísticas, o si cree que es un buen estudiante.

"Creemos que esta encuesta viola nuestro derecho a la intimidad e incumple la ley de protección de datos", afirman desde una asociación de padres.Prueba piloto

Cien niños de 4º de Primaria de dos colegios de Zaragoza (Cesáreo Alierta y Agustín Gericó) participaron en febrero en una prueba piloto de esta evaluación. El Departamento de Educación ha abierto el proceso para contratar a 66 profesores que se encargarán de corregir las pruebas. Cada uno cobrará cerca de 400 euros.

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