Decenas de agentes secundaron ayer una concentración en apoyo a los diez policías locales expedientados por expedir boletines de denuncia a diversos autobuses urbanos por "infracciones justificadas". Con pancartas, bocinas y silbatos, los agentes se reunieron frente al antiguo cuartel Palafox y mostraron su malestar por las propuestas de sanción notificadas por el Ayuntamiento, que oscilan entre los quince días y los dos meses de empleo y sueldo.

Los policías consideran que actuaron con "la mayor profesionalidad" y confían en que la situación se reconduzca y que las sanciones –que están recurridas– no lleguen a aplicarse. Pidieron, además, que se pronuncie el concejal delegado de la Policía, Carlos Pérez Anadón, que hasta el momento "no ha hecho nada para solucionar el conflicto".

El portavoz de CSL, Juan Luis Mendoza, justificó ayer que los expedientes disciplinarios "son injustos porque las denuncias fueron bien realizadas, se cursaron de forma correcta y no hay ningún reproche en la actuación profesional". A su juicio, las sanciones tienen un claro "origen político" y, como también señalaron ayer varios agentes, lamenta que los expedientes notificados por el Consistorio se apoyen en los informes de los responsables de Auzsa y que ignoren los informes de los policías que intervinieron.Cabezas de turco

"Los compañeros están muy enfadados con la actitud del Ayuntamiento con el colectivo de la Policía Local. Los han elegido a ellos como cabezas de turco y lo único que van a lograr es que estemos cada día más unidos", dijo ayer Mendoza, durante una protesta que contó con el apoyo de los sindicatos CSL, UGT, OSTA, CC. OO. y CSIF. El vicepresidente de este último, Alberto Juan, lamentó que estos expedientes multen el buen hacer de los agentes y advirtió de que estos están dispuestos a luchar hasta que se dé carpetazo a los expedientes por lo que no descartó nuevas movilizaciones.

Aunque las sanciones están recurridas y permanece abierto el periodo de alegaciones, en unos días la concejal de Régimen Interior, Lola Ranera, dictará su resolución y las sanciones podrían comenzar a aplicarse después de Semana Santa. Antes, concretamente el próximo día 26, se celebrarán en el edificio del Seminario las elecciones sindicales en el Ayuntamiento, en las que están llamados a votar más de 5.000 funcionarios, muchos de ellos, policías locales.