Los efectos económicos que podrían tener los atrasos en la tramitación de los expedientes para conceder ayudas a la dependencia suman 25 millones, importe sin reflejo en los estados financieros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Así se refleja en el informe de fiscalización sobre la gestión del IASS en los citados ejercicios que la Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público este viernes y del que se desprende que esos años el instituto "incurrió en retrasos o dilaciones" en la tramitación de los expedientes asociados a las prestaciones económicas para la dependencia.

El plazo medio para la resolución de los expedientes se sitúa en 473 y 531 días en los ejercicios de 2012 y 213, respectivamente, además de que a 31 de diciembre de 2013 existían 10.887 expedientes pendientes de resolución con una antigüedad media de 862 días.

En el informe se recuerda que la legislación vigente establece un plazo máximo de seis meses para dictar resolución desde que se presenta una solicitud para recibir ayuda por dependencia, con excepción de las prestaciones económicas, que podrán ser suspendidas durante 24 meses.

La Cámara de Cuentas ha estimado que los efectos económicos de estos atrasos son de 25 millones de euros.

Los trabajos de fiscalización, además, han puesto de manifiesto "la insuficiente consignación presupuestaria" en el ejercicio 2013 para hacer frente a las prestaciones económicas.

En el análisis de la dotación presupuestaria para este fin se evidencia que los créditos para prestaciones relacionadas con la dependencia ascendió a 111 millones de euros en 2012 y a 67,58 millones en 2013, mientras que el importe de las obligaciones que se reconocieron fue de 87,83 millones en 2012 y de 64,84 millones en 2013.

Esto supone que la ejecución presupuestaria fue de un 79 y un 96 por ciento, respectivamente.

Consecuentemente, según se refleja en el informe de la Cámara de Cuentas, en 2012 quedaron sin ejecutar créditos por importe de 23,16 millones de euros, cuando en diciembre de ese año constaban programas individualizados de atención pendientes de aprobación que supondrían el reconocimiento de atrasos en favor de dependientes por un importe mínimo estimado de 16,42 millones de euros.

Además, aunque la ley señala como "excepcionales" las prestaciones económicas frente a los servicios, en 2012 y 2013 el número de las primeras era "notablemente superior" a las segundas, asociadas a centros de día y noche y a residencias.

Así, de los 21.133 beneficiarios a 31 de diciembre de 2012, 4.147 eran beneficiarios de un servicio frente a 16.986 personas que recibían prestación (4.383 y 14.128, respectivamente, en diciembre de 2013).IAI

La Cámara de Cuentas también fiscaliza la prestación del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), y como una de las principales conclusiones figura el incremento del número de solicitudes en los años estudiados como consecuencia de la "problemática social" que ha generado la situación económica.

Como consecuencia, se produce un retraso en la tramitación de los expedientes que "supera ampliamente el plazo señalado por la normativa reguladora" que es de 15 días para que los servicios sociales comarcales o municipales remitan la solicitud al IASS y de otros 15 para que este organismo conceda o deniegue el IAI.

De hecho, el 60,77 % de los expedientes gestionados en 2012 y el 63,37 % de los de 2013 superaron los 60 días de tramitación y la duración media de la tramitación en días se establece en 86,14 días en 2012 y en 109,69 días en 2013.

La Cámara de Cuentas reconoce la "carga de trabajo" y "saturación" de los servicios que deben gestionar el IAI, que alcanzarían a cumplir un plazo inferior a 60 días si tramitaran entre 2.300 y 2.800 expedientes al año, pero actualmente esta cifra llega a los 7.000.

Finalmente, el ente fiscalizador recomienda la implantación de un programa único que compartieran el IASS, las comarcas y los ayuntamientos, que normalizase los procedimientos e informes sociales y que permitiera valorar la consecución del objetivo de esta prestación, que no es otro que la integración del beneficiario.