Oliván defiende que el copago en función del patrimonio en dependencia es "justicia"

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Ricardo Oliván, ha defendido este jueves la aplicación del criterio de patrimonio a la hora de calcular el copago de los servicios que se prestan desde la administración a las personas dependientes, porque es una cuestión "de justicia", ha dicho.

En respuesta a una interpelación formulada en el Pleno de las Cortes por la portavoz de IU, Patricia Luquín, el consejero ha recordado que el hecho de tener en cuenta el patrimonio de las personas dependientes a la hora de calcular la cantidad que éstos deben aportar para el copago de los servicios que reciben supone la traslación al ámbito autonómico de una ley estatal.

Y, de hecho, no hay ninguna comunidad autónoma que no lo haya aplicado, ha dicho el consejero.

A su juicio, es justo que se aplique un baremo para el copago por la vivienda que no usa una persona que ocupa una plaza residencial.

Pero Oliván se ha referido a los resultados de una encuesta realizada entre 120 personas, el 75% de ellas en residencia y el 25 % en centro de día, de la que se desprende que el pago medio es de 547 euros al mes por persona, frente a los 506 de media antes de aplicar el criterio de patrimonio.

En todo caso, ha asegurado que "ninguna persona en situación de dependencia va a quedar fuera del sistema por no tener recursos", y ha recordado que quienes tienen ingresos por debajo del IPREM están exentos de este copago.

Por otro lado, ha defendido el giro que se ha dado a la política de atención a la dependencia que, según las normas, obliga a priorizar los servicios por encima de las prestaciones económicas a las personas dependientes.

En este sentido, ha indicado que en Aragón, del total de personas con derecho reconocido hay un 53 % que reciben prestaciones y un 47 % a quienes se les presta un servicio, aunque estos porcentajes eran antes del 67 % y del 33 %, respectivamente.

"Lo importante es que hemos sido capaces de darle la vuelta a una situación que no era la correcta", ha enfatizado Oliván, quien por otro lado ha reconocido que hay todavía 7.800 personas con el derecho reconocido que no reciben prestación, pero que estos son "mil menos que cuando empezó la legislatura".

Luquin, por su parte, ha lamentado que al 60 por ciento de las personas a quienes se ha revisado han visto incrementado el copago por la decisión de tener en cuenta su patrimonio, y ha reprochado al consejero que esté "llevando a cabo la demolición del sistema".

De hecho, según sus datos, sólo se aceptan el 56 % de las solicitudes que se presentan y de ellas sólo se atiende económicamente o con servicios al 45 % tras un periodo de espera que, en ocasiones, supera los dos años. Para Luquin, el criterio del patrimonio es "injusto e insolidario", porque estar en situación de dependencia es "algo que no se elige".