Las organizaciones agrícolas mantuvieron ayer una reunión con el subsecretario de Agricultura y Medio Ambiente, Jaime Haddad, en la que advirtieron al Gobierno que los daños generados por la crecida suponen "una catástrofe sin precedentes" en la cuenca del Ebro. Los agricultores denunciaron que, si no hay cambios, un 50% de los afectados se quedarían sin indemnizaciones al no haber tenido seguro contratado durante los últimos años. Ante esta situación, las organizaciones agrarias reclamaron que las compensaciones cubran "el cien por cien", con independencia de que estuvieran asegurados.

En esta línea, la secretaria provincial de Asaja-Zaragoza, Emilia Guillén, aseguró que "sería necesario que hubiese algún modo para que la gente que no ha asegurado también entre en las ayudas". La representante de Asaja recordó que es "una catástrofe tremenda; yo no había conocido otra igual", indicó. Guillén también solicitó que "se reparen cuanto antes las infraestructuras, que se limpie el río y que entre los gobiernos central y autonómico lleguen a restablecer el patrimonio perdido".

Además, planteó que "el real decreto se prorrogue si es necesario y que si hace falta más dinero, se ponga; hay que estudiar entre todos y buscar qué solución hay para todo el mundo".

Por su parte, el subsecretario del Ministerio trasladó la preocupación en que, ante el ascenso de las temperaturas, "un mayor deshielo" suba el nivel del agua "y se prolongue la situación de dificultad".

Además, indicó que en el caso de esta crecida, el compromiso del Gobierno central es restaurar toda la zona afectada. "No va a haber un problema de medios", aseguró, aunque recordó que "el problema concreto" del momento actual es que sigue la crecida. "Tenemos que esperar a que el río nos deje actuar; en cuanto nos lo permita se van a desplegar todos los medios que sean necesarios", aseguró.

Jaime Haddad también recordó que en la legislación española ya no existe la declaración de zona catastrófica y que todas las acciones que se puedan impulsar se tramitan a través del decreto aprobado el pasado viernes. Según dijo, la norma aprobada incluye "su posible ampliación", que podría llegar una vez se pueda hacer una evaluación completa de los daños. "La situación actual no nos permite dimensionar bien su magnitud" ni todas las obras que serán necesarias hacer, aseguró.