"A la gente se la somete a la tortura de llegar al día antes del desahucio para ver qué ocurre"

Shura, Óscar y sus dos hijos debían salir de su casa ayer miércoles pero finalmente, un día antes, firmaron un contrato de alquiler social para trasladarse a una vivienda del Gobierno de Aragón. Es precisamente esa angustia de esperar hasta el último momento que viven las familias la que denuncia Stop Desahucios Zaragoza. “Es vergonzoso que a la gente se le someta a esta tortura de llegar hasta el día antes del lanzamiento sin saber qué va a ocurrir”, reclama Raquel de la Riva, miembro de la plataforma.

Febrero de 2015 ha sido calificado por este colectivo como un mes trágico puesto que nunca antes se habían enfrentado a seis desahucios en un solo mes y se preguntan “¿qué está ocurriendo con el resto de familias que no piden ayuda a las plataformas sociales si se producen en torno a cinco desahucios al día y un mínimo de 150 al mes”. Por este motivo, exigen al Gobierno de Aragón una mayor celeridad y eficacia en la concesión de las ayudas “para no llevar a las familias a situaciones malísimas y urgentes cuando hay vidas en juego”, precisan.

Por su parte, fuentes del departamento de Obras públicas, urbanismo, vivienda y transportes (OPUVT) del Gobierno de Aragón, explican que los arrendamientos que se tramitan “contemplan tratamientos individualizados y requieren de procedimientos en los que trabajadores especializados en la materia de las entidades sociales con las que se tiene convenio realizan un análisis de las necesidades de los futuros inquilinos y de su situación socioeconómica particular”. Además, las mismas fuentes indican que “los inmuebles también son visitados por técnicos competentes para comprobar que reúnen las condiciones necesarias de su utilización”.

Del mismo modo, desde el Gobierno autónomo también se solicita la colaboración a Stop Desahucios porque, “se persigue el mismo fin y se pide ayuda para divulgar los distintos mecanismos puestos en marcha a través de la Dirección General de Vivienda y la DGA para ofrecer soluciones”. Además, el ejecutivo autónomo muestra su disposición para “trabajar conjuntamente y sin enfrentamientos, porque los ciudadanos así lo precisan”.Medidas puestas en marcha

El Gobierno de Aragón cuenta con una red de bolsas de alquiler social que ofrece alquileres económicos a los ciudadanos en función de sus rentas y está conformada por viviendas que aportan particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, administraciones públicas, entidades financieras de crédito y entidades sociales no lucrativas. Además, desde la DGA recuerdan que “se han firmado convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza que ha ampliado la bolsa de la capital aragonesa en 50 viviendas, con el Ayuntamiento de Huesca y con el Ayuntamiento de Teruel, además del firmado recientemente con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para incorporar otras 80 viviendas”.

En la actualidad, según fuentes del Gobierno autónomo, “los alquileres están oscilando entre 75 y 180 euros como máximo”. Este precio se logra porque la renta máxima a abonar por el arrendatario es de 3 euros por metro cuadrado útil sin llegar a superar en ningún caso el 40% de los ingresos. De esta manera, “la diferencia entre lo que puede pagar el inquilino y lo que tiene derecho a cobrar el que cede la vivienda lo abona el Gobierno de Aragón”, precisan. Por este motivo, desde la DGA también se pide a los ciudadanos que aporten viviendas porque recibirán “un alquiler seguro y ayudarán a que alguien disponga de vivienda”. Estas casas se gestionan a través de las entidades Fundación Federico Ozanam, Ymca y Kairós, “con las que se han firmado convenios de colaboración para los que el Ejecutivo autónomo destina un volumen global de cuatro millones de euros”.Actuaciones judiciales

La vía judicial es indispensable en todo el proceso de solución para las familias afectadas por esta situación. En este sentido, el Gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias firmaron un convenio para detectar vulnerabilidades en las familias que van a ser objeto de desahucio tras la correspondiente resolución judicial. Este acuerdo cuenta con un protocolo que consiste en que el CGPJ le comunica al departamento de Servicios Sociales que se va a producir el desahucio, indicando la fecha. Dicho departamento elabora un informe detallado sobre la familia o persona afectada y este informe es enviado a la Dirección General de Vivienda para buscar una solución habitacional. Por lo tanto, desde el Gobierno de Aragón se incide en la importancia de solicitar ser incluido en el marco de este convenio y ser derivado directamente desde el Poder Judicial.

La Dirección General de Vivienda ha tratado con este convenio un total de 104 expedientes. “De ellos, 15 personas no cumplían los requisitos establecidos o no han aceptado finalmente la intervención, y siete personas han renunciado a la vivienda ofertada. Se ha facilitado una vivienda a 48 particulares y en seis casos se ha producido la suspensión del lanzamiento. Y hay otros 28 casos que están actualmente en tramitación”, informan desde el departamento.

Sin embargo, Stop Desahucios denuncia que el convenio “carece de rango de ley y obliga a las familias a vivir con la soga al cuello hasta el día del desahucio forzoso. No hay ninguna seguridad en su aplicación y cuando esta se produce, en muchas ocasiones, llega apenas días o incluso horas antes del desalojo”.

Otro punto que desde Stop Desahucios exigen modificar es el hecho de que personas con deudas tributarias o con la Seguridad Social no puedan acogerse al convenio. “No es de sentido común este requisito en familias que destinan todo el dinero para dar a comer a sus hijos e intentar mantener su vivienda y luego dejan de pagar deudas de tráfico o a la Seguridad Social”, denuncia de la Riva. Sobre este hecho, desde la DGA explican que “se está trabajando para resolver esta situación y mientras tanto se les busca otras salidas como con programas con entidades sociales”.Manifestación el próximo sábado

Stop Desahucios Zaragoza ha convocado para el próximo sábado, 28 de febrero, una manifestación a las 12 del mediodía en Glorieta Sasera para “exigir una normativa aragonesa que resuelva la lacra de los desalojos forzosos en Aragón”.