El litigio por la venta fallida del barrio del AVE acaba con una compensación de 660.000 €
Un juez reconoció a Zaragoza Alta Velocidad el derecho a cobrar 19,21 millones a Jaureguizar, pero la inmobiliaria vasca entró en concurso
La entidad, controlada por el Gobierno central con el 50% de las acciones y participada por la DGA y el Ayuntamiento con un 25%, respectivamente, ha tenido que renunciar al cobro de los 19,21 millones que le reconocieron los tribunales en 2012 por la venta de una parcela a la inmobiliaria vasca Jaureguizar, que se remonta al año 2007.
La parcela está en manos de Zaragoza Alta Velocidad, que acumula más de cien hectáreas de suelos ferroviarios en Delicias y el Portillo a la espera de desarrollar urbanísticamente por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria. El acuerdo que puso fin al litigio, rubricado el pasado verano y del que la sociedad pública no ha informado, establece que las únicas cantidades que cobrará ZAV son los citados 660.000 euros. De este dinero, se abonaron 60.000 euros el día que se elevó a público dicho pacto, "en concepto de resarcimiento de parte de los gastos de defensa incurridos en los distintos procedimientos judiciales". El resto se percibirá en ocho plazos trimestrales consecutivos de igual importe, cuyo vencimiento comienza el 31 de marzo de este año y se alargará hasta el 31 de diciembre de 2016.
El director general de ZAV, Luis Albesa, tuvo que firmar el acuerdo porque la sentencia firme de la Audiencia Provincial que reconocía el cobro de 19,21 millones era inejecutable por una sencilla razón: Jaureguizar presentó un preconcurso de acreedores.
De hecho, la sociedad pública llegó a solicitar su ejecución provisional en enero de 2014 y ante el impago, los juzgados embargaron los bienes de Jaureguizar. La inmobiliaria presentó un mes después el citado preconcurso, abriendo un periodo de negociaciones con sus acreedores dada su insolvencia.
Los socios de Zaragoza Alta Velocidad asumieron que el acuerdo de compensación era el "mal menor", ya que en el caso de haberse mantenido firmes en la reclamación la inmobiliaria había entrado en concurso y se hubiera puesto en riesgo la propia parcela del barrio del AVE.
El problema es que la sociedad pública debe 360 millones a los bancos, por lo que urge la venta de suelo para evitar que los socios asuman los pagos millonarios. La situación se agrava por el hecho de que el desarrollo urbanístico de los suelos ferroviarios sigue sin fecha un año después de que se anunciara su subasta debido a la falta de acuerdo político. El Ayuntamiento mantiene bloqueados los trámites para cambiar de ubicación los 220 pisos previstos en el Portillo, cuyo solar se pretende dejar libre de cargas para facilitar su venta y repercutir parte de los costes de la urbanización a la ciudad.
