La organización Ecologistas en Acción ha denunciado este viernes los veinte años de retraso por parte del Gobierno de Aragón para poner en marcha los planes de protección para especies en peligro, ya que de 26 amenazadas solo 7 cuentan con el preceptivo plan que marca la legislación autonómica.

Según señalan los ecologistas en una nota de prensa, del resto de las especies catalogadas como vulnerables o de interés especial, 202 en total, solo dos tienen su correspondiente plan.

La normativa ambiental indica la obligación de proteger la flora o fauna que esté en peligro de extinción y por ello se han creado catálogos oficiales de especies, vegetales o animales, que deben preservarse con planes de protección en función del estado de sus poblaciones naturales, del deterioro de su hábitat y de las amenazas que se ciernen sobre estas especies.

El catálogo oficial de Aragón, que tiene las competencias en materia de protección de fauna y flora, fue aprobado en el año 1995 y establece varias categorías sobre las especies: en peligro de extinción; sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés especial.

En total, 136 plantas y 92 animales entre todas las categorías y de las que solo 9, que corresponden al 4% del total, tienen un plan de protección o recuperación cuando es obligatorio.

Los ecologistas aseguran que 20 años después del primer decreto aragonés que catalogaba las especies a proteger "ni siquiera se han completado los planes de recuperación de 19 de las 26 especies", a pesar de que el 73% de ellas está "en extinción".

Según el catálogo, Aragón tiene 15 especies vegetales en peligro de extinción; 20 son sensibles a la al alteración de su hábitat; 45 son vulnerables y 56 de interés especial, así como 11, 19, 21 y 41 de especies animales, respectivamente.

Ecologistas en Acción ha calificado de "grave irresponsabilidad y manifiesta negligencia" el "enorme retraso" que los diferentes gobiernos aragoneses están mostrando en la elaboración de estos planes que, recuerdan, "son obligatorios", además de incumplir su propia normativa.

Una normativa, destacan, que debe responder a los compromisos internacionales que el estado español ha firmado para proteger la biodiversidad.