La Comisión de investigación de las Cortes de Aragón sobre la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha aprobado este lunes su dictamen definitivo, en el que recoge posibles "insuficiencias" y "un fallo en los controles" de la sociedad pública y ha recomendado intensificar la supervisión. Los grupos de PP, CHA e IU han encontrado responsabilidades políticas en varios exdirectivos de la misma, mientras que PSOE y PAR las han descartado.

El dictamen se extiende a lo largo de 130 páginas, que incluyen una veintena de conclusiones y recomendaciones, así como los votos particulares emitidos por todos los grupos. Todo se votará en sesión plenaria el 12 de febrero, fecha en la que terminará el trabajo de un órgano temporal creado hace más de nueve meses y que ha prorrogado su actividad en dos ocasiones, en septiembre y en diciembre de 2014, debido a la acumulación de trabajo.

En el apartado de conclusiones se señala que, en las dos primeras etapas de la plataforma, "los mecanismos de información y control establecidos por la sociedad para la adopción de los acuerdos y la garantía de su legalidad eran suficientes", pero se produjo un "fallo en los controles" que "pudo provenir de la actuación irregular de personas concretas situadas en puestos clave de la organización interna y no de deficiencias del sistema en sí mismo".

Alguno de los comparecientes ha detectado, a partir de 2011, "insuficiencias" en los controles y "la necesidad de refuerzo de algunos de ellos" y varios han planteado que "determinadas personas en puestos de dirección de la sociedad pudieron haber realizado actuaciones jurídicamente incorrectas", continúa el dictamen.

En cuanto a la contratación, la Comisión ha recogido en su informe que en las primeras fases de desarrollo del proyecto los procedimientos de contratación no siguieron "estrictamente" las pautas marcadas por la Administración pública y se llevaron a cabo procedimientos "diferentes de los generalmente establecidos para las Administraciones" que no respondían a los contratos tipo y su regulación.

La Comisión ha señalado que "existía información que no se remitía" al Consejo de Administración, por ejemplo los informes de control financiero de la Intervención General, por lo que "no era posible la adopción de determinados acuerdos o la reacción contra determinados problemas por no disponer los miembros del Consejo de los informes en los que se deberían haber basado dichas decisiones".

También ha hecho notar que tuvo "dificultad" para acceder a la documentación que debería estar unida a las actas, apuntando que era "determinante" para comprender los acuerdos adoptados.

Este órgano temporal emplaza al Gobierno regional y las sociedades públicas a valorar "suficientemente" la "importancia fundamental" del control externo por parte de la Cámara de o el Tribunal de Cuentas, llamando la atención sobre las "deficiencias o retrasos" en la remisión de información o de alegaciones a estos órganos.Responsabilidades políticas

Los grupos de PP, CHA e IU han encontrado responsabilidades políticas en varios exaltos cargos del anterior Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), concretamente, los exconsejeros de Economía Alberto Larraz y Eduardo Bandrés, los extitulares de Obras Públicas Javier Velasco y Alfonso Vicente, así como el exconsejero delegado de Plaza y exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Escó, como señalan en sus votos particulares.

Además, IU ha ampliado la responsabilidad al conjunto del Gobierno de Aragón de la época investigada en lo relativo a la gestión de la entonces denominada "joya de la Corona", así como al actual consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, como responsable de la no presentación en tiempo y forma de las alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2012.

CHA ha manifestado en su voto particular la "responsabilidad solidaria" de los sucesivos Gobiernos presididos por el socialista Marcelino Iglesias y apoyados por PSOE y PAR, desde la creación de la sociedad pública, en junio de 2000, hasta el ceso del Ejecutivo, el 13 de julio de 2011. Recomendaciones

La Comisión de investigación ha recomendado "mantener el amplio consenso institucional" sobre Plaza como proyecto "de indudable interés general" para la Comunidad Autónoma, impulsar "la mayor capacidad y dedicación posible" de los miembros del Consejo de Administración, lo que requiere contar con información y asesoramiento "suficientes", y trasladar al Consejo la información "con exhaustividad, antelación suficiente y rapidez".

En concreto, ha propuesto que las actas de los Consejos de Administración incluyan los informes expuestos y las intervenciones de los consejeros en todos los puntos de los órdenes del día, los informes de control financiero de la Intervención General de la Comunidad remitidos al consejero del Departamento al que se encuentre adscrita la sociedad, al consejero de Hacienda, al presidente o gerente de la sociedad y a todos los miembros del Consejo.

Otra recomendación es delimitar el alcance de las funciones que pueden realizar los administradores de una empresa pública en los periodos de transición, como son los posteriores a los procesos electorales, publicar los resultados de la actividad de control financiero en la web de la sociedad y contar con asesoría jurídica pública y externa.

La Comisión ha propuesto, asimismo, mejorar el papel de control de las Cortes de Aragón, establecer sistemas de control aplicables a los entes de derecho público, las sociedades mercantiles del sector público y las fundaciones, con medidas como la fiscalización previa, el control permanente a partir de determinados parámetros o la introducciones de figuras de control mixtas de acuerdo con la Intervención General.

Además, la Comisión ha recomendado fortalecer el control de la Intervención y la Cámara de Cuentas sobre las empresa públicas, reforzar los medios personales y materiales al servicio de los órganos de control financiero, afianzar los procedimientos para la presentación de alegaciones o para la contestación de las solicitudes de información ante la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas y aumentar la sujeción de la contratación de las empresas públicas a la normativa de contratación pública.

Este órgano de investigación ha apostado por garantizar unos criterios de selección profesional "muy rigurosos" en los sistemas de selección del personal de las empresas públicas, intensificar los análisis periódicos que permitan prever cambios de coyuntura y proteger la posición jurídica de quienes denuncien supuestos casos de irregularidades jurídicas o de corrupción.71 comparecientes

La Comisión ha celebrado 23 sesiones de trabajo, en las que han comparecido, directamente o respondiendo a un cuestionario, 71 personas vinculadas a la plataforma, entre ellas el empleado de Acciona Francho Chabier Mayayo, quien denunció los hechos que se están investigando en los juzgados ante la Fiscalía.

Este órgano ha sido coordinado por el portavoz del PP, Antonio Torres, y también han formado parte del mismo los parlamentarios Miguel Ángel Lafuente (PP), Javier Sada y Jesús Miguel Franco (PSOE), Joaquín Peribáñez (PAR), José Luis Soro (CHA) y Patricia Luquin (IU), acompañados por personal técnico. La asesoría jurídica ha corrido a cargo de las letradas Carmen Agüeras y Vega Estella.