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La DGA denuncia ante la Fiscalía la supuesta quema de papeles protegidos de Averly

Cultura ha presentado el atestado que hizo la Policía Local tras acudir a las instalaciones. El informe señala que se destruyó «gran cantidad» de documentos del último siglo.

El Gobierno de Aragón ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la supuesta quema de documentos protegidos del archivo histórico de la fundición Averly. La Dirección General de Patrimonio ha presentado el atestado que hizo la Policía Local tras acudir a las instalaciones alertada por un vecino y constatar la destrucción de "gran cantidad de documentos" de la antigua fábrica que databan de principios del siglo pasado. La quema se produjo el pasado 13 de diciembre, aunque la Policía Local no comunicó los hechos hasta el 20 de enero. La DGA solo tardó dos días en trasladárselos al Ministerio Fiscal.

Igualmente, el Gobierno autonómico informó de lo sucedido a la sala de lo Contencioso del TSJA, que debe resolver precisamente un recurso de Apudepa sobre la orden de protección del conjunto histórico industrial.

El director general de Patrimonio, Javier Callizo, aseguró ayer a este diario que su obligación era ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para verificar qué es lo que se ha quemado en las instalaciones de la antigua fundición. "No sabemos dónde están los documentos catalogados ni tenemos más información de lo que recoge el atestado. Solo hemos hecho lo que se espera de un Gobierno, que es comunicar lo sucedido para que se depuren responsabilidades", añadió.

La denuncia fue hecha pública por la asociación Apudepa, que tildó los hechos como un "gravísimo atentado al patrimonio aragonés". y anunció que estudia emprender acciones legales.

El atestado policial señala que la hoguera ocupaba unos tres metros cuadrados de superficie y tenía una altura de medio metro cuando los Bomberos accedieron a las dependencias para sofocar las llamas "en pocos minutos". Y detalla que había documentos históricos sobre "trabajadores, producción, compra y venta de mercaderías, etc, fechados desde principios de 1900 hasta principios del 2000".

Tras la intervención, se personó en las instalaciones un representante de la propiedad, Carlos Briceño, acompañado por el "encargado de la quema", el decorador zaragozano Fernando Bardavío. "Manifestó que el fuego lo había hecho él por mandato de los propietarios de Averly, Guillermo y Cristina Hauke". En el atestado se añade que Bardavío declaró que se había encargado de controlar las llamas (aunque las instalaciones estaban desiertas y cerradas cuando acudió la Policía alertada por la columna de humo que vio un vecino), que el material se acumuló en la nave de fundición por ser el sitio más seguro y que no era la primera vez que se quemaban cosas.

El trabajador fue denunciado por los agentes por considerar que había infringido la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana: "Fue consciente de que la imprudencia de haber dejado un fuego encendido había generado una movilización de emergencias y decidió abstraerse de actuar". El afectado declinó hacer declaraciones, mientras la propiedad de Averly SA que le había encargado el trabajo no atendió las llamadas telefónicas que hizo este diario.

La Policía Local de Zaragoza propuso que el coste del operativo se reclame a Brial como propietaria de las instalaciones "donde se produjo la quema intencionada de los documentos". En el informe, apostillan que Carlos Briceño reconoció que era el único que tenía las llaves y, por ello, concluye que el incendio se hizo con su connivencia o la de alguno de sus trabajadores.

El empresario lo negó, aclaró que los documentos históricos son propiedad de Averly S. A. y no de Brial y aseguró que, por lo que conocía, la familia Hauke estaba haciendo una "cuidadosa" selección de los papeles a conservar.

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