Gregorio Nuño ­–que aunque ejercía labores de jefe de topografía no tiene la titulación y es en realidad administrativo­– explicó al juez que fue en la certificación número 89 (de febrero de 2011) en la que la UTEAcciona-MLN incluyó varios trabajos que estaban sin hacer. Según este testigo, para subsanar el problema se redactó un documento relacionando los encargos pendientes de ejecutar y se adjuntó como anexo en el acta de recepción de las obras. Al parecer, el compromiso plasmado por escrito fue rubricado por las tres partes implicadas: el entonces gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el responsable de la UTE, José María Jordán, y el director facultativo de las obras y empleado de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld. Pese a ello, todos esos trabajos siguen pendientes de ejecución.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Martínez, tendrá que intentar localizar ahora el documento al que alude el topógrafo de Intecsa-Inarsa, ya que hasta la fecha no ha sido incorporado a las actuaciones. Su existencia no resulta baladí, ya que probaría que había un compromiso manifiesto de los constructores para ejecutar unas obras por las que se cobraron 6,4 millones de euros por adelantado.

Según el último informe de la UDEF, fueron ocho los trabajos y equipamientos certificados que no llegaron a materializarse.En la lista se incluyen los cuatro estacionamientos, que deberían ocupar una extensión de más de 50.000 metros cuadrados; las doce bajantes de la denominada balsa número 2; dos trabajos de saneamiento de sumarían 272.977 metros cúbicos de tierras; y un sofisticado sistema de videovigilancia para todo el complejo logístico.

Además del jefe de topografía de Intecsa-Inarsa, ayer fue citado también como testigo su homólogo en la UTE Acciona-MLN, Jaime de Prado. Él era el responsable de todas las mediciones: tanto de las del movimiento de tierras como de las de la red de saneamiento y urbanización de viales, aceras y aparcamientos. Ante la Policía manifestó que tenía conocimiento de que el saneo del Pino (por el que la sociedad pública pagó 781.005 euros a la UTE) no se realizó y se certificó. No solo eso, añadió que en relación al saneo del parquin de El Corte Inglés (830.758 euros), tanto la UTE como Plaza sabían que no se había hecho pero, aún así, se certificó. Lo mismo ocurrió respecto al estacionamiento del centro comercial. Añadió que estas discrepancias las comunicó al jefe de la oficina técnica, Manuel Abad, y al jefe de obras de la UTE Acciona-MLN, Alejandro Viñuales, y estos le dijeron que el saneo del Pino se creó para cubrir con ese dinero una serie de "errores de medición".

Además de los dos topógrafos, este jueves fue llamado a declarar como testigo Francisco Javier Lozano, socio de Viajes Orienta. El juez lo citó porque fue su empresa la que organizó las vacaciones que el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, su mujer y sus dos hijas (todos ellos imputados en esta causa) disfrutaron en Brasil en el verano de 2006. Y aunque la Policía había detectado varios correos electrónicos en los se ponía de manifiesto que la factura fue abonada por Acciona y por la consultora madrileña Spim –que también hizo trabajos para la plataforma–, el instructor quería escuchar por boca de este testigo cómo se habían pagado los 19.000 euros que costó el viaje.

Una amenaza de bomba obligó a desalojar la Ciudad de la Justicia e impidió a Francisco Javier Lozano terminar de responder a las preguntas de todos los letrados. Sin embargo, a este le dio tiempo de confirmar que fue el propio Becerril quien le llamó pidiendo presupuesto para este viaje y quien le dijo que de los gastos se encargarían las dos empresas mencionadas.