"Una de las mayores amenazas al estado del bienestar". Así calificó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el fraude a la normativa laboral. El departamento que dirige Báñez ha emprendido una auténtica cruzada contra estas prácticas que tienen en el cobro de prestaciones indebidas una de sus mayores expresiones. Las inspecciones para detectar estos cobros indebidos se han multiplicado en toda España desde que comenzó la crisis. Solo en Aragón, el año pasado se realizaron tres veces más inspecciones que en 2007.

De las 1.217 inspecciones que se iniciaron el año pasado, cerca de medio millar culminaron en sanciones a particulares y empresas. Estos procedimientos sancionadores se resolvieron hasta en 326 casos con la retirada de la prestación por desempleo.

Este tipo de fraude no ha dejado de crecer en la Comunidad desde el año 2008 y el año pasado, por primera vez desde que hay datos disponibles (el primer año con estadísticas publicadas es 2005), superaron la barrera de 300 retiradas de subsidio.

Esta situación no es exclusiva de Aragón. A nivel nacional, la retirada de prestaciones se ha multiplicado desde 2007: se ha pasado de poco más de 4.000 casos en los ejercicios 2007 y 2008 a más de 14.000 en 2013.

Cerca de 70.000 inspecciones en España

En toda España, el año pasado se iniciaron 69.641 procesos de inspección. Por cada 100 investigaciones, refiere el ministerio en un informe, se detectaron 2,32 percepciones indebidas de prestaciones de la Seguridad Social. Según los datos del ministerio, esta cifra supone un incremento del fraude del 26,09% con respecto a 2012 y del 160,67% si el año de referencia es 2009.

No se trata solo de desempleados, esta cifra también incluye a personas que cobran una pensión sin tener derecho a ella. Este tipo de fraudes apenas se da en Aragón: el año pasado no se llegó al medio centenar de casos.  

Medidas antifraude

Entre las medidas que ha tomado Báñez para frenar estas prácticas fraudulentas figura la creación, en agosto de 2013, del llamado buzón antifraude. Su puesta en marcha no estuvo exenta de polémica ya que cualquier ciudadano, de forma anónima y a través de internet, podía poner en conocimiento de los inspectores, cualquier infracción en materia de cobro de prestaciones de la Seguridad Social o prevención de riesgos.

La mayor crítica a este mecanismo fue, precisamente, que el anonimato ayudara, más que a una mayor concienciación social en materia de fraude, a denuncias interesas contra empresas y trabajadores. El balance del buzón en su primer año de funcionamiento fue de más de 8.000 denuncias recibidas, en torno a 5.400 inspecciones iniciadas y 1.592 empleos irregulares detectados en toda España.

En Aragón solo afloraron 24 situaciones fuera de la normativa laboral tras un centenar de actuaciones. Con estas actuaciones se consiguió en la Comunidad una recaudación extra que superó los 50.000 euros. En España, se liquidaron cuotas a favor de la Seguridad social por valor de 1,4 millones de euros y se sancionó a las empresas infractoras con 4,4 millones.