Las cooperativas piden tiempo para desalojar los silos hasta que vendan el cereal

En verano del 2010, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) firmaba un convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón y la Confederación de Cooperativas Agrarias, dando conformidad a la cesión del uso de sus silos. A su vez, la institución autonómica, delegaba su administración a quienes entonces se interesaron por su uso.

Con este convenio, el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón conseguían un ahorro presupuestario en el mantenimiento de estas instalaciones que, de otra forma, quedarían en desuso y en peligro de deterioro irreversible. Las cooperativas asumían todos los costes derivados del uso de estos silos, incluido el del personal necesario para su funcionamiento, el mantenimiento de las instalaciones, así como los costes derivados de las responsabilidades de todo tipo vinculadas a su uso. Pero, del mismo modo, las cooperativas se comprometían a poner los silos de nuevo a disposición del FEGA y de la Comunidad Autónoma en el caso de, por razones de utilidad pública, fuese necesario. Y, ahora, sin previo aviso, el Ministerio de Agricultura solicita la devolución de las llaves de estos viejos almacenes para venderlos a entidades privadas.

“La decisión nos ha pillado por sorpresa a todos y nos ha dejado descolocados”, asegura José Víctor Nogués, presidente de la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias. “Los silos siempre han sido un estandarte de la agricultura y símbolo de futuro. Donde había uno, todavía había cosecha y, por lo tanto, futuro”, añade.

La repentina recuperación de los silos está generando importantes trastornos en diversas cooperativas agrarias aragonesas que hasta ahora venían utilizando los silos como graneros del cereal de secano, fundamentalmente trigo, y que cumplía la función de reserva estratégica. Muchas llegaron a acuerdos con el Gobierno de Aragón para utilizarlos como almacén cuando existiesen problemas de excedente y, ahora, fruto del estado de la venta de la última cosecha, se encuentran llenos. Es el caso de localidades como Fraga, Mallén o Calanda. Ahora, piden tiempo para poder desalojar las naves.

“Más que la reversión de los edificios, desde la federación nos preocupan las políticas europeas. Deberíamos plantearnos si queremos depender de multinacionales o de nuestras propias reservas, función que siempre han cumplido nuestros silos”, apunta Nogués.

Pero el problema también afecta a numerosos ayuntamientos aragoneses que durante estos años han utilizado estas instalaciones como almacenes municipales o incluso como oficina comarcal. En Mallén, por ejemplo, también tienen colocadas las antenas de la señal de televisión. En otros lugares, como en el zaragozano barrio de Santa Isabel, la ilusión de su asociación de vecinos Gaspar Torrente de convertir su silo en un centro destinado al uso y disfrute de los vecinos también se ha esfumado con la decisión del Ministerio de Agricultura.

La entrada de España en la UE mermó la actividad de los silos

La Red Nacional de Silos comenzó a proyectarse en 1944, iniciándose con la construcción de las primeras unidades situadas estratégicamente teniendo en cuenta los nudos de comunicaciones y las líneas de ferrocarril, siendo la primera unidad que entra en funcionamiento el silo de Alcalá de Henares en el año 1949.

Los objetivos primarios de la Red Nacional de Silos eran: posibilitar la compra de toda la cosecha de trigo a los agricultores, conservar una reserva nacional para garantizar el consumo y permitir la recepción en puerto del trigo de importación y eventual exportación.

Entre los años 1945 y 1986 se construyeron 663 silos y 275 graneros con una capacidad total de 2.684.947 toneladas. Durante todo este período, hasta el 29 de mayo de 1984, el sector del trigo funcionaba en régimen de monopolio estatal, y los otros cereales se encontraban sometidos igualmente a precios de intervención que garantizaban su compra por el Estado a dicho nivel.

La finalización del monopolio triguero primero y la posterior incorporación de España a la Unión Europea en 1986, supusieron un cambio profundo en los procedimientos de intervención, provocando una reducción de los índices de utilización de las diferentes unidades de almacenamiento.

Desde entonces, la red básica de almacenamiento se ha venido ajustando en los sucesivos convenios de encomienda de gestión o colaboración con las diferentes comunidades autónomas, en los que se reservan una serie de unidades que deben quedar destinadas a las necesidades de la intervención de los mercados.

Aragón cuenta con 37 silos con capacidad para 138.000 toneladas

La actual red básica de almacenamiento público está compuesta por 141 silos y graneros con una capacidad total de almacenamiento de 977.320 toneladas.

Después de Castilla y León, Aragón es la Comunidad Autónoma con mayor número de silos, con un total de 34 que se reparten así: 10 en Huesca, 6 en Teruel y el resto en Zaragoza. Entre todos suman una capacidad almacenadora de 138.000 toneladas.