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Tercer Milenio

La ley aragonesa no exigirá estudio ambiental a proyectos de investigación para 'fracking'

Las 9 solicitudes que la DGA tiene sobre la mesa para sondeos de extracción de hidrocarburos con esta polémica técnica están paradas.

En mayo de 2013, el pleno de las Cortes se posicionó de forma unánime contra el uso de la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como ‘fracking’, a raíz del polémico permiso de investigación autorizado por la el Gobierno central para el proyecto Aquiles entre Aragón y Navarra. El pasado mes de julio, en el debate del estado de la Comunidad, también se aprobó una propuesta de resolución para declarar Aragón territorio libre de ‘fracking’, a iniciativa de CHA. Pero este rechazo de los grupos parlamentarios no tendrá su reflejo en la Ley de Prevención y Protección Ambiental, que sustituye a la actual, de 2006, y que se ha adaptado a la norma estatal. Esta entrará en vigor el 1 de enero y regula por primera vez la controvertida técnica.

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes dio ayer el visto bueno al dictamen de la ponencia sobre el proyecto de ley autonómica -que simplifica y agiliza los trámites-, antes de elevarlo al pleno para su aprobación. Entre las 130 enmiendas presentadas por la oposición, figuraba una de Chunta que no se ha incluido y que pedía eliminar del texto propuesto la exclusión de la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental para los "sondeos de investigación" previos a "proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica".

CHA pretendía que, a diferencia de la ley estatal, se exigiera en Aragón informe ambiental de las iniciativas de investigación, pero finalmente solo se requerirá ese trámite para la explotación de hidrocarburos mediante ‘fracking’.

El diputado Joaquín Palacín, representante de CHA en la ponencia de la ley, alertó de que "el problema" radica en que "en sus últimas fases, la mayoría de las investigaciones implican el uso de esta técnica", y destacó que la exigencia de evaluación ambiental para los sondeos permitiría disponer de más información sobre los proyectos que se planteen.

Además, señaló que con la redacción actual de la norma "se quedan fuera, por ejemplo, los estudios sismológicos" previos a las prospecciones.

En estos momentos, el único proyecto que está en marcha en Aragón es el citado Aquiles, cuya primera fase de investigación fue autorizada en abril de 2013 por el Ministerio de Industria y que plantea estudiar las posibilidades de utilizar la fractura hidráulica para la explotación de gas no convencional en una zona limítrofe con Navarra. El permiso se tramitó y se concedió en Madrid al afectar a más de una comunidad. En esta situación se encuentran también cinco solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos con miras a una futura explotación mediante ‘fracking’.

A ellas hay que sumar otras nueve que han presentado la documentación preceptiva en la Consejería de Industria del Gobierno aragonés, que de momento no ha concedido ninguna autorización. Fuentes de este departamento explicaron ayer que "se mantiene la misma postura" de no otorgar ningún permiso "por el claro mandato de las Cortes" y "a la espera de que la Unión Europea se pronuncie al respecto, porque no hay unidad de criterio". Asimismo, recordaron que "la tecnología está avanzando a gran velocidad".

Leyes autonómicas invalidadas

Otras comunidades han ido más allá en su oposición al ‘fracking’, como Cataluña, Cantabria, La Rioja y Navarra, que aprobaron leyes para prohibir el uso de esta técnica en su territorio. El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales las normas cántabra y riojana, tras recurrir el Gobierno central, y también ha suspendido la catalana y la navarra. "La comunidad autónoma puede imponer requisitos y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones no previstos por la legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en materia de régimen minero y energético", dictaminó el Constitucional.

El pasado mes de abril, en una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, el consejero Modesto Lobón afirmó que el Gobierno de Aragón "tiene controles suficientes para ver qué estudios son" los que solicitan las empresas promotoras de este tipo de investigaciones.

Reconoció que la ley estatal "abre la puerta al ‘fracking’" y aclaró que Aragón "no es competente al respecto". También explicó que su postura es "de preocupación, pero no de oposición". "Con las cautelas adecuadas, puede ser beneficioso", dijo.

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