Unas 16.000 personas engrosarán la lista de espera de la dependencia en solo unos meses. Así lo denunciaron ayer el PSOE y la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que no solamente han calificado los presupuestos presentados el pasado martes como "insuficientes", sino que recuerdan que hay muchos dependientes de grado I (moderados) que aunque no están oficialmente reconocidos como en lista de espera, lo están de facto, ya que deben incorporarse al sistema el próximo mes de julio.

En concreto, a día de hoy (según datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, SAAD), reciben prestaciones 17.321 aragoneses, y 7.541 las tienen reconocidas pero aún no las cobran.

A estos 7.500, habría que sumar otros 9.000 casos (en concreto, 9.296, según la Asociación de Directores y Gerentes) de dependientes que sí que están ya valorados como de tipo I, pero que no entran, de facto, en el sistema, hasta julio, fruto de una moratoria en la aplicación de la ley.

Concretar las cifras es difícil, ya que como insiste también la DGA, algunos de los reconocidos como grado I sí que están ya en el sistema (los concedidos antes del 2012), pero las estadísticas no detallan cuántos son. Además, hay que tener en cuenta que el sistema pierde cada mes entre 150 y 200 beneficiarios (muchos fallecen), por lo que en julio se verá cuál es la lista de espera real.

"El dato de los 16.000 dependientes en espera se lo hemos presentado al consejero Oliván, y lo conoce, pero mucho nos tememos que no hay ningún plan para atenderlos y que los dependientes moderados pueden olvidarse de recibir la prestación el año que viene en Aragón, porque con 2,25 millones más no se pueden atender ni los primeros 7.500", denunció la portavoz del PSOE, María Victoria Broto, que sentenció que "el sistema se está desmantelando".

Por su parte, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes, calificó como "extremadamente complicado" que sin un presupuesto muy superior se pueda llegar a lo que ya está cubriéndose y a todo lo que está pendiente, si bien los casos moderados necesitan, normalmente, mucha menos inversión que los graves.

"No todo es dinero"

El Gobierno de Aragón destinará el año que viene 151 millones a la dependencia, solo 2,25 más que en 2014. No obstante, el consejero defiende que la cifra real es superior, ya que no todo se da en concepto de prestación económica. Ricardo Oliván explicó ayer que el volumen de dinero es mucho mayor. "Hay una parte que es solo para algunos aspectos que engloban la dependencia como son las prestaciones económicas vinculadas al servicio, pero hay que contar también con las plazas en residencias de mayores, los centros de discapacitados, o la ayuda a domicilio. El esfuerzo que hace el gobierno es mayúsculo, hablamos de más de 172 millones de euros", insistió. Preguntado sobre si le parece una cantidad suficiente, explicó que sí y aseguró que, el año que viene, habrá unas 500 plazas más concertadas en residencias de mayores y 50 más en discapacitados, además de las que se han incrementado esos años respecto al 2011.

No solo falta dinero en este área, sino también para el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) donde hay retrasos de hasta 10 meses. En este caso, Oliván recordó el "importante" incremento de las partidas desde 2011 (ejercicio en el que se presupuestaron -dijo- 6,5 millones). Esta cifra ha ido aumentando hasta llegar a 28 millones en 2014 y los 30 previstos para el próximo año.

"Un año de parón"

Los colectivos implicados insisten en que 2014 no ha sido un buen año. En el caso de Cermi Aragón (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), aseguraron que así como en 2013 se avanzó en cuanto a concertaciones y derivaciones de casos, "2014 ha sido un año de parón".

Santiago Villanueva, de la entidad, se mostró "preocupado" por los casos de dependientes de grado I (moderados). "En estos casos hemos decidido hablar con la DGA, pero vemos muy difícil que puedan incorporarse al sistema si el presupuesto apenas se incrementa", añadió. Por su parte, Paquita Morata, gerente de Arade (Asociación Aragonesa por la Dependencia) recordó que se ha hecho un nuevo convenio para plazas residenciales en el que la iniciativa privada ha ofertado más de un millar de camas. "Lo cierto es que no hay dinero y los presupuestos lo marcan todo. Solo queremos esperar que se va a dar un impulso en este sentido porque el sector residencial y los posibles usuarios lo necesitan", explicó.