El PSOE en las Cortes de Aragón ha urgido este miércoles a alcanzar un acuerdo para proteger la aplicación de la ley de la dependencia ya que, en la actualidad, son más de 7.500 las personas que esperan las prestaciones mientras que en 2015 serán 10.000 más las que no tendrán ese derecho.

La portavoz socialista en Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha propuesto este miércoles en rueda de prensa la constitución de un grupo de trabajo con entidades locales, agentes sociales, asociaciones y grupos parlamentarios para analizar la aplicación de la ley, las modificaciones llevadas a cabo, los resultados obtenidos, las disfunciones registradas y la incidencia en la economía y el empleo.

Para llegar a esta propuesta, que se plasmará en una proposición no de ley ante la Mesa de las Cortes, ha recordado con datos la "grave" situación que atraviesan las personas dependientes en Aragón.

Según estos datos, el número de personas que están valoradas y no reciben prestaciones asciende a 7.536 a fecha 31 de agosto de 2014, una cifra que se puede incrementar en casi otras 10.000 si se tienen en cuenta las que no están incluidas por la aplicación del Real Decreto de 2012 que "aparcaba" a aquellas con grado 1 hasta 2015, han informado fuentes socialistas.

En opinión de Broto, Aragón presenta uno de los peores resultados de todo el conjunto nacional, ya que la situación es ya "dramática" y existen muchas personas que mueren esperando la prestación a la que tienen derecho.

La diputada socialista ha propuesto también que, una vez creado este grupo de trabajo, se alcance un acuerdo para reforzar la financiación autonómica de esta ley.

En este sentido, ha indicado que su financiación registra unos recortes de 57 millones de euros desde que gobierna el PP.

En una tercera propuesta, ha urgido a recuperar el calendario de la aplicación de la ley de dependencia.

Broto no ha puesto condiciones en cuanto a la forma y lugar para constituir este grupo de trabajo, que podría fundarse tanto en las Cortes de Aragón como en el seno de la propia consejería de Sanidad y Servicios Sociales.