La DGA solo presupuesta 2,25 millones más para atender a 7.500 dependientes en espera
En Aragón hay 4.500 beneficiarios con la prestación reconocida, pero que todavía no la cobran, a los que hay que sumar otros 3.000 que deberán percibirla desde julio de 2015.
El Gobierno de Aragón destinará el año próximo 151 millones de euros a la dependencia, solo 2,25 millones más que en 2014, un aumento que parece insuficiente para atender a los 7.500 beneficiarios que esperan, en este momento, a percibir una prestación que tienen ya reconocida.
En este número de dependientes, se incluyen los 4.500 beneficiarios con la ayuda ya aprobada (pero que aún no perciben) y otros 3.000 que deberían integrarse en el sistema a mediados del mes de julio de 2015.
Son precisamente estos últimos -más de 3.000 aragoneses que tienen reconocida una dependencia moderada (es decir, de grado I), que deberán incorporarse al sistema en 2015- los que dudan que puedan cumplirse los plazos previstos en principio. La moratoria está a punto de cumplirse: las fechas para la percepción de la prestación se han retrasado dos veces en el tortuoso camino de la Ley de la Dependencia. En principio, estas deberían hacerse efectivas a partir de julio, pero no está claro cómo se pagarán. Hay que recordar que los dependientes que ya reciben estas prestaciones ascienden a 17.321 aragoneses.
El consejero aragonés de Sanidad, Ricardo Oliván, dijo ayer que la cuantía prevista para atender la dependencia el año próximo asciende a 151 millones de euros (incluyendo todos los conceptos: centros residenciales, plazas en centros de día, ayuda a domicilio, etcétera). Esta cifra supone 2,25 millones más que lo presupuestado para este año, un aumento que fue considerado insuficiente por los diputados de la oposición, para quienes el resultado será que habrá más dependientes que no podrán ser atendidos.
Las dudas de los afectados
Oliván, que acudió ayer a las Cortes a explicar los presupuestos del Departamento de Sanidad para el año próximo, defendió las cuentas de su consejería asegurando que el importe total destinado a la dependencia se ha mantenido desde el año 2010 hasta 2014 "en cuantías similares", y que lo presupuestado para 2015 (151 millones) es lo mismo que en 2010. A pesar de estos argumentos, las dudas de los colectivos afectados tienen su razón de ser si se tiene en cuenta que, el pasado mes de septiembre, el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) cifraba en 7.542 los aragoneses que, a pesar de tener la ayuda reconocida, no la están cobrando (otros 17.321 sí que las perciben). De estos 7.541 en lista de espera, 3.039 son de grado I (deben empezar a cobrarla en 2015, en el mes de julio) y otros 4.503 soportan el retraso a pesar de que padecen discapacidades más importantes (de grado II o III). De entre los que sí que reciben ayudas, el 53% tienen prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y el 47% restante las perciben por servicios prestados, a través de teleasistencia, centros de día, etc.
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, calcula que en Aragón se han perdido en los dos últimos años unas 2.500 plazas de residencia (entre las vinculadas al servicio y a la prestación económica) y denuncia que ven "muy difícil que se destine el dinero a estas personas teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado no han reservado ni un euro para la incorporación de los moderados", que en España son casi 314.000 personas. "Tememos que vuelvan a retrasar el calendario, y sería la tercera vez, o que las comunidades dilaten la atención a estas personas al menos seis meses más por una cuestión de acreditación del Derecho Administrativo", lamentó Ramírez.
