El juez que instruye el llamado caso Plaza acaba de recibir el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cien folios en los que los especialistas enumeran hasta ocho obras fantasma –que se certificaron y cobraron por parte de la UTE Acciona-MLN, pero que nunca se llegaron a ejecutar– que le habrían costado a la plataforma logística 6,4 millones de euros. Se trata de la constatación de lo que ya apuntaba el informe pericial elaborado por EID Consultores, en el que se llega a cifrar el desfase presupuestario de la urbanización del complejo logístico en 167 millones de euros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, intenta averiguar si el descontrol en las certificaciones de las obras fue tan abultado como aseguran los técnicos. Y para ello están siendo vitales los informes que periódicamente le remite la UDEF, que se encarga de las pesquisas desde julio de 2013.

Tomando como punto de partida las mediciones y datos aportados a la causa por los distintos peritos, los agentes está revisando ahora una por una las supuestas obras fantasma. Y como preveían, el trabajo de campo está confirmando sus peores sospechas.

Los especialistas de la Policía Nacional han dedicado los últimos meses a examinar con lupa los trabajos incluidos en la certificación número 89 (de febrero de 2011) de la urbanización de Plaza, trabajo que han resumido en un informe de casi cien páginas que ya está en manos del juez instructor y al que ha tenido acceso HERALDO.

Según concluyen los investigadores, se han comprobado in situ hasta ocho proyectos pagados y supuestamente ejecutados. En la lista se incluyen cuatro estacionamientos que deberían ocupar más de 50.000 metros cuadrados; las doce bajantes de la denominada balsa número 2; dos trabajos de saneamientos que sumarían 272.977 metros cúbicos de tierra; y un moderno sistema de videovigilancia para todo el complejo logístico. Obras y equipamientos que la Policía confirma ahora que nunca llegaron a materializarse.

A la hora de confeccionar sus informes, la UDEF ha tenido que recurrir a distintos métodos. Por un lado, a la comprobación sobre el terreno, lo que ha podido hacerse sin problemas en el caso de los aparcamientos. De hecho, agentes de esta unidad acudieron a sus emplazamientos –todos ellos en torno al complejo comercial Plaza Imperial– y constataron que lo que deberían ser grandes explanadas pavimentadas y dotadas del mobiliario típico de este tipo de instalaciones no son más que terrenos baldíos. Y eso que Plaza pagó por su construcción 1.583.137 euros. A efectos probatorios, los agentes han aportado al juez un extenso reportaje fotográfico que demuestra que los supuestos estacionamientos son meros eriales.

La UTE Acciona-MLN incluyó también en la certificación 89 la construcción de las bajantes de la balsa número 2, emplazada en la confluencia de las calles de Turiaso Atiliana y Bari. Para comprobar si realmente las obras se habían ejecutado, los funcionarios de la UDEF visitaron también la instalación. Sin embargo, lo único que encontraron allí fue un camino de tierra que desciende desde el nivel de la calle a la base de la balsa, así como un desagüe. Pero ni rastro de las doce bajantes por las que Plaza abonó 138.116 euros (más IVA).Imposible de comprobar in situ

Los especialistas de la UDEF reconocen en su último informe que carecen de los conocimientos técnicos necesarios para corroborar si la UTE que urbanizó Plaza llegó a efectuar los dos saneos de tierra que se incluyen en la certificación 89 y por los que recibió 1.361.126 euros (más IVA): el llamado saneo del Pino y el del PE9/PE10. Por ello, la Policía citó como testigos a Jaime de Prado Gómez, que fue jefe de topografía de la UTE entre 2003 y 2011, y a Gregorio Nuño Calvo, que aunque está titulado como auxiliar administrativo ejerció también como topógrafo para Intecsa-Inarsa (encargada de la dirección técnica de las obras de urbanización de Plaza) entre 2002 y 2012. Y, según sus declaraciones, estos trabajos tampoco se ejecutaron.

Como recuerda la UDEF, la zona en la que se hizo el supuesto saneo del Pino está formada por un área de 35.421 metros cuadrados, entre las calles de Carae y Civitella, con un volumen de 156.636 metros cúbicos de tierra. El segundo saneo debía haberse realizado en una parcela situada junto a las instalaciones de Verdecora, en el centro comercial Plaza Imperial. En este caso, el movimiento de tierras ascendía a 116.347 metros cúbicos.

Además de los aparcamientos, las bajantes y los saneos, en la certificación 89 se incluyó el sistema de televigilancia de toda la plataforma. Según el estudio de EID Consultores, este ascendía a 3.309.533 euros, aunque a la hora de recogerlo en la citada certificación se desgajó en numerosas unidades menores. En cualquier caso, la UDEF no ha encontrado ni cámaras, ni equipos de procesado, ni servidores, por lo que concluye que tampoco se instaló.