La reforma del Ingreso Aragonés Inserción, ayuda de último recurso que perciben unos 5.000 aragoneses en la actualidad, continúa sus pasos hacia la aprobación definitiva entre las críticas de movimientos sociales, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y la oposición en las Cortes de Aragón.

La nueva norma, que sustituirá a la actual, vigente desde 1993, establece algunas diferencias “sensibles” que pueden “empujar a la exclusión definitiva”, según explican las organizaciones críticas, a buena parte de los colectivos que hasta ahora eran posibles perceptores de esta ayuda, que concede de 441 a 621 euros al mes a aquellas personas o unidades familiares en estado de necesidad que no cuentan con ninguna otra vía de ingresos.

Uno de los principales cambios que ha introducido el Ejecutivo establece que la franja de edad para solicitar la ayuda se restrinja a partir de los 25 años, cuando en la anterior legislación el rango de edad se extendía hasta los 18 años. Modificación que podría dejar sin ayuda a más de 200 jóvenes que venían disfrutando de ella según las estimaciones del Colegio profesional de Trabajadores Sociales y de la plataforma Marea Naranja, que estiman que entre un 5 y un 10% de los beneficiarios actuales están por debajo de esta franja de edad y no cuentan con menores o dependientes a su cargo.

A partir de la aprobación del nuevo IAI, solo los menores de 25 años que tengan menores o dependientes a su cargo podrán optar a esta ayuda, que además también restringirá el acceso a cualquier persona que esté realizando estudios. “Parece que se da por hecho que los jóvenes cuentan con un apoyo familiar detrás siempre, cuando en la mayoría de las ocasiones los menores de 25 años que acuden a los Servicios Sociales son personas que vienen ya de un contexto familiar complicado, en el que por unas razones u otras o no tienen a sus familiares aquí al ser inmigrantes, o han tenido que abandonar el núcleo familiar debido a problemas de peso” explica Víctor Reloba, vicepresidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza, organización que la semana pasada se unió a las protestas de Marea Naranja y el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, en la que entre otras cosas, se denunciaba que las nuevas solicitudes de personas menores de esta edad “están siendo ya denegadas” a pesar de que la reforma del IAI aún no se ha puesto en marcha.

“El nuevo proyecto cuenta con dos grandes errores”, estima el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, Javier Escartín. “En primer lugar, no se adapta a la realidad actual, en la cual la precariedad laboral y el desempleo está afectando especialmente a la población más joven. Y en segundo, se está basando la reforma en base a unas medidas economicistas que buscan reducir el número de solicitantes cuando el IAI, única ayuda que les queda a las personas más desfavorecidas, debería construirse bajo un ámbito exclusivamente social”, señala Escartín, a quien preocupa especialmente que a los trabajadores sociales, quienes evalúan en primera instancia a los solicitantes, se les deje ante la disyuntiva de tener que decir que no a personas que antes sí que podían ser perceptores de la ayuda.Evitar el 'efecto llamada'

Desde el departamento de Sanidad de la DGA se afirma que el nuevo IAI no pretende otra cosa que “adaptarse” a la actual situación, en la cual esta ayuda, en principio pensada para apoyar a personas en situaciones de exclusión, tiene que atender ahora otras realidades surgidas a raíz de la crisis económica, esto es, la de personas expulsadas del mercado laboral que ya han agotado todas las prestaciones posibles. Como muestra de ello, el Ejecutivo recalca que desde 2009, cuando el número de beneficiarios rondaba las 800 personas, se ha pasado a atender a más de 5.000 personas de media, aumento que ha sido respondido por el Gobierno ampliando el presupuesto para el IAI de 6,5 millones de euros en 2011 a 28 millones este año.

Otro de los objetivos de la ley es equiparar la norma aragonesa a la de las comunidades limítrofes para evitar el llamado "efecto llamada", que según entiende el Departamento hacía que se dieran casos de personas que preferían residir en Aragón debido a que se daban mejores condiciones que en otras autonomías vecinas.

“Siendo serios, resulta impensable creer que una persona que se encuentra en una situación tal como para solicitar el IAI se mude de un territorio a otro para estar como mínimo dos años de residencia legal -otro de los requisitos- y así optar a una ayuda que no sabe si le va a ser concedida o no”, señalan desde el Colegio de Trabajadores Sociales, organización que presentó varias alegaciones en la fase de anteproyecto con el apoyo de otras entidades como Cáritas Zaragoza o la Plataforma de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital aragonesa.