Se abre un nuevo frente para el impuesto aragonés a los grandes centros comerciales. Si en el pasado este tributo fue avalado por el Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por 50 diputados del PP, este miércoles se ha conocido que la Comisión Europea (CE) está investigando el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta porque podría vulnerar la normativa europea.

Así lo anunció el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en un encuentro con la patronal de grandes empresas de distribución, Anged. Según esta asociación, Aragón cuenta con 296.000 m2 de superficie comercial y este impuesto, que abonan las superficies comerciales a partir de 2.000 m2, que deja cada año en las arcas públicas en torno a cuatro millones de euros. 

Este tributo grava el daño medioambiental causado por “la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico, desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta”. Se creó en 2005 y deben abonarlo los titulares de la actividad comercial. Solo quedan exentos de su pago, además del comercio minoritario, la actividad de mayoristas, los establecimientos que se dediquen a la venta exclusiva de maquinaria y las cooperativas de usuarios y economatos.

Medio centenar de diputados del PP presentaron un recurso de inconstitucionalidad en 2006 porque consideraban que este impuesto dañaba la actividad de las empresas y excedía la potestad tributaria de las comunidades autónomas, entre otras cosas. El año pasado se conoció la sentencia del Alto Tribunal que desestimaba el recurso alegando que gravaba su impacto medioambiental y no su actividad económica.

Lo que está investigando la CE es el diseño de este impuesto, que además de en la Comunidad aragonesa existe en Asturias, Canarias, Cataluña, La Rioja y Navarra. “Muy probablemente el diseño de esos impuestos sea incompatible con el derecho comunitario, por lo que si la CE llega a esa conclusión tendrá una repercusión sobre las regiones, ya que a las que lo han impuesto les obligará a cambiar el diseño", apuntó García-Legaz.

Ha sido la patronal de grandes distribuidores la que ha llevado este tributo hasta Europa, a través de denuncias ante la Dirección General de la Competencia y ante la de Mercado Interior y Servicios. En ellas Anged apuntaba que estos impuestos autonómicos vulneraban los artículos 49 y 107 del Tratado de la Unión Europea.

Unos cuatro millones de recaudación al año

Hasta el 31 de diciembre de 2013, los tipos aplicables por m2 oscilaban entre los 12 (para establecimientos de 500 a 2.000 m2) y los 19 euros al año (para establecimientos que superen 10.000 m2). El Ejecutivo autonómico aprobó este año una rebaja de los tipos que ahora oscilan entre los 10,20 y los 13,50 euros. La ley prevé, además, deducciones de hasta el 30% de la cuota tributaria por la realización de inversiones para reducir el impacto contaminante sobre el medio ambiente.

En el periodo 2008-2012, según las liquidaciones de los presupuestos de la DGA, este impuesto dejó en las arcas públicas 16,6 millones de euros. El año pasado, según los datos que aparecen en la Cuenta General de la DGA,  se ingresaron algo más de 3,4 millones aunque la previsión era recaudar 4,7 y los derechos de cobro reconocidos en el mismo documento superan los 10,6.

La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), en un informe que data de 2011, apuntaba que “de acuerdo con las políticas de la Unión Europea y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)” este tipo de impuestos deben de cumplir una serie de “importantes” requisitos como son no afectar a la competitividad, no incrementar la carga fiscal sino distribuirla, conseguir un cambio de conductas, no tener intención recaudatoria y no suponer un obstáculo para la instalación de empresas en función del territorio.

Hace unos meses la comisión de expertos a la que el Gobierno central encargó el estudio del panorama fiscal y tributario español ya recomendó la eliminación de este tributo porque consideró que discriminaba a determinados medios de distribución y provocaba un grave daño a la unidad de mercado y la eficiencia del comercio". 

Fuentes del departamento de Hacienda de la DGA señalaban este miércoles que hace meses que conocen que la Comisión Europea está investigando este tributo en las seis comunidades autónomas en las que está en vigor y agregaron que consideran que el impuesto a las grandes superficies se ajusta a Derecho porque no grava una actividad económica, que a su juicio es lo que podría suponer una vulneración de la normativa comunitaria, sino el impacto de estas actividades sobre el medio ambiente, como ya dijo el TE en su sentencia.