El Gobierno de Aragón destinará 63 millones de euros hasta 2018 a la concertación de plazas para personas dependientes en residencias privadas. No obstante, de momento, no ha concretado el número de camas que se pagarán ni las personas que podrían beneficiarse de este convenio. En los próximos días, el acuerdo marco que regirá esa concertación se publicará en el Boletín Oficial de Aragón. 

Este pacto dará continuidad al que ya firmó el anterior equipo de Gobierno en 2010 para intentar paliar el déficit de las plazas en residencias públicas ante la entrada en vigor de la ley de la dependencia. Entonces, el compromiso fue concertar 700 camas y destinar 102 millones hasta 2014, aunque debido a la crisis, la ocupación de estas plazas ha estado bastante paralizada en los últimos años, con las consiguientes críticas de los propietarios de estas residencias. 

El Consejo de Gobierno anunció la renovación de este acuerdo marco, pero no concretó el número de camas ni las condiciones de este acuerdo. Hasta ahora, el Gobierno de Aragón pagaba una media de 1.450 euros por cama a los centros privados. Una vez publicadas las condiciones en el BOA, las residencias tendrán un plazo determinado para presentarse a la convocatoria. Según algunas fuentes consultadas, se espera que aumente el número de aspirantes, porque debido a la situación económica, los centros de mayores privados no tienen todas las camas ocupadas ni están atravesando su mejor momento. 

La gerente de la Asociación Aragonesa por la Dependencia (Arade), Paquita Morata, reconoció que los propietarios de las residencias privadas están a la espera de que se materialice este convenio y se agilice la concertación de plazas. "Sobre todo, por la necesidad que tiene mucha gente de ir a una residencia por su situación de dependencia", precisó, a la vez que explicó que de momento desconocían las condiciones en las que saldrá el nuevo acuerdo y si se mantendrá el precio de 1.450 euros por anciano. 

La necesidad de concertar plazas de residencia se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. De hecho, las entidades que trabajan con personas dependientes han denunciado otras veces la demora en la concesión de las ayudas a la dependencia  y el cobro de la prestación –tanto económicas como a través de plazas concertadas–. 

Precisamente, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha vuelto a denunciar el retraso  en la concesión de estas prestaciones. En uno de sus últimos informes, recuerda por ejemplo que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) reconoció la dependencia a un señor de 80 años con grado III, nivel 1, el 6 de octubre de 2011. "Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, el interesado no se ha beneficiado de prestación alguna, hecho que atendiendo a las diversas intervenciones quirúrgicas, agrava su delicada situación", puntualiza el Justicia. García Vicente solicita al Gobierno de Aragón que apruebe el Plan  Integral de Atención (PIA) del afectado para que cuanto antes comience a cobrar la prestación que le corresponde.