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Estudio de la dependencia

Suspenso a Aragón en aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia

Otras seis comunidades también fallan en la aplicación del sistema que está en "clara decadencia", según el Observatorio de la Dependencia.

Europa Press. Segovia Actualizada 31/01/2014 a las 18:02
8 Comentarios
Estudio del Observatorio de la Dependencia

Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia y el resto de comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León y el País Vasco, tienen el sistema en "clara decadencia", según el dictamen del XII Observatorio de la Dependencia.

Este estudio que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales analiza la evolución del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en todo el país partiendo de una docena de indicadores que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de atendidos sobre el total de la población.

Conclusiones

La organización, que ha dado a conocer sus conclusiones este viernes en Segovia, asigna una puntuación a cada indicador y después calcula las notas medias que, aplicadas a una escala de cero a diez y en función de los resultados obtenidos a nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España, seguida de Canarias, con un 0,8. Después están Ceuta y Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias, que empatan con un 3,8, y Madrid, que se queda en un 4,3.

En el aprobado se sitúan Galicia, Navarra, Murcia, con un 5, seguidas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña, las tres con un 5,4; Andalucía (5,8), Cantabria y la Rioja (6,3). En la parte alta de la tabla se ubican Castilla y León y País Vasco con 9,6 y 8,3 puntos, respectivamente.


El presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, en rueda de prensa junto con el vicepresidente, Gustavo García, ha lamentado que los territorios con peores datos, como Canarias o la Comunidad Valenciana, obtienen también resultados negativos en servicios sociales. Ha ensalzado por el contrario el desarrollo de la atención en regiones como País Vasco y Castilla y León y la apuesta de esta última por mantener el sistema desde los servicios sociales y de proximidad.

Al respecto, ha valorado que, a pesar del "quebranto" económico derivado de los recortes presupuestarios del Gobierno, Castilla y León haya conseguido con fondos propios y la descentralización del sistema atender a más de 60.000 dependientes y reducir a menos de 3.000 aquellas personas que por cuestiones de trámites carecen de atención pero tienen derecho a ella.

En proceso de "demolición" 

En líneas generales, el presidente ha apuntado que el desarrollo del sistema en España en el último año se traduce en un "proceso de demolición", pues ni siquiera se mantienen las tasas de reposición en la mayoría de las comunidades y se ha incrementado la cifra de dependientes que permanecen en el limbo --tienen derecho a la prestación pero no la reciben--.

Estas personas, que ascienden en la actualidad a 190.503, deben afrontar tiempos de espera "insufribles" de varios meses, incluso años en lugares como Canarias, Murcia, Galicia o Aragón, donde falta atención a más del 30%  de los dependientes. Según estima la Asociación, al ritmo medio de incremento del último año harían falta más de 80 años en dar cobertura a la lista de espera, y ello siempre y cuando no hubiera nuevas entradas.

Muchos dependientes mueren antes de ser atendidos

La organización ha señalado de cualquier forma que muchos mueren antes de ser atendidos. Desde 2011, hasta 60.000 personas en el limbo han fallecido, lo según ha denunciado se ha presentado como un éxito de gestión por haberse rebajado la cifra. La agrupación, que ha calificado esta actitud como "una crueldad extrema", ha exigido explicaciones a la Dirección General del Imserso no sólo por ello sino además por la sospecha de que se puedan estar "manipulando" datos oficiales sobre fallecidos.

"Colapso del sistema"

La Asociación ha lamentado por otra parte el "colapso" del sistema, cuya capacidad de atención ha quedado limitada a unas 750.000 personas frente a las 780.000 a las que cubría en su primera fase --a finales de diciembre de 2013 se contabilizaban 753.842 atendidas--.

A ello se suman las restricciones del nuevo baremo, que endurece la entrada de dependientes, en especial los de grado III, lo que aboca a una tendencia negativa de disminución relativa. Así, la cifra se ha recortado en 62.690 personas tras la aplicación del nuevo modelo, según ha denunciado la agrupación.

La disminución del cuatro por ciento del gasto público en el sector en el último año es otra de las preocupaciones de los representantes de Servicios Sociales, que barajan la hipótesis de que se está incrementando el copago hasta el punto de que usuarios y Estado casi han equilibrado su nivel de aportación.

Para la Asociación, la Administración central "incumple" además sus compromisos de financiación de la Ley considerando que su inversión con respecto a las comunidades es de un 25,7 por ciento en vez del 50 por ciento de gasto público que debería asumir. En este sentido, ha resaltado el "importante" retorno que supondría duplicar la aportación del Gobierno en el nivel mínimo --de 1.400 a 2.800 millones-- si se tiene en cuenta que invertir 300 ó 400 millones permite generar entre 25.000 y 30.000 empleos.

En la actualidad, de acuerdo con sus datos, 150.000 personas trabajan dentro del sistema, lo que produce un retorno de 1,8 millones de euros a las arcas del Estado a través de la Seguridad Social, el IRPF y el IVA. "Produce más al Estado que el dinero que éste aporta al sistema, que este año alcanzará los 1.317 millones", ha señalado Ramírez.

La Asociación ha advertido por otro lado de la "desigualdad" del sistema, pues comunidades como Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana, que se sitúan a la cola en número de beneficiarios, tienen hasta cinco veces menos posibilidades de que sus dependientes sean atendidos que territorios como Castilla y León, que registra la mayor cifra.

Esas tres comunidades, junto con Ceuta y Melilla, son las que menos gasto público destinan a la atención de los más vulnerables, mientras que Cantabria, La Rioja y País Vasco superan el gasto medio estatal.


  • No más recortes03/02/14 00:00
    Mi madre tiene reconocido el grado III, el máximo, desde octubre del año pasado, no se puede mover por sí misma, necesita atención para todas las tareas (aseo, comida, etc), pero no tenemos asignada ninguna ayuda. Una sociedad que deja de lado a sus mayores ¿que sociedad es ???. Recortando en Dependencia, Sanidad, Educación no mejora para nada la sociedad, es recortar de lo más facil, así de cruel.
  • garcía02/02/14 00:00
    Rocave, te acompaño en el sentimiento. Es un crimen lo que están haciendo con la población dependiente. ¿Por qué no se pronuncia Bruselas sobre este tema?
  • Pedro31/01/14 00:00
    Si otras Comunidades pueden y nosotros no, el problema es de nuestros gobernantes, sin más.
  • rocave31/01/14 00:00
    Mi padre murió si ser atendida su petición y eso que estaba totalmente inútil. Maldigo a los responsables y les deseo lo mismo que sufren tantos y tantos enfermos. Mientras, ellos, se carcajean de todos y se lo llevan crudo. Despilfarros sin cuento para llenarles los bolsillos a sus amigos, correligionarios y palmeros.
  • Puente de Ordiso31/01/14 00:00
    Teniendo en cuenta que este tema es muy grave, me permito un par de comentarios: 1.- Si Aragón tuviera el megachollo del cupo vasco, también podría pagar la dependencia y todo lo que se nos ocurriera. Por desgracia, en todo lo relativo a financiación, el País Vasco es otro mundo. 2.- Con todo respeto a los señores que han hecho ese estudio, decir que el retorno que obtiene el Estado es superior al dinero que pone es como cuando se dice que los funcionarios cuestan menos a las AAPP de lo que pagan. Si esas cosas fueran así de sencillas, habría que pensar que el problema del déficit en España ya estaría resuelto pagando residencias para todos los dependientes, o haciendo que todos los españoles sean funcionarios.
  • Robespierre31/01/14 00:00
    Rescates a la banca, sueldazos de políticos, comarcas, circuitos de F1 y un largo etc.  No hay dinero, no hay dinero, y como todos sabemos, quien parte y reparte se queda la mejor parte.  Los que de verdad lo necesitan, los que han trabajado toda su vida son los últimos para todo.  A los responsables de esto les deseo una vez diez veces más dura de la que están consintiendo.  Como dice este señor, esta realidad es cruel.  En fin, supongo que ahora se empezarán a abrir muchos grifos, las elecciones no están ya tan lejos como hace dos años y ya se escuchan mensajes de mejoría, ¡cómo nos manipulan!  Que el sueldo de un político, el viajar en business, las dietas y todo eso sean incuestionables y que estén dejando a tanta gente desamparada, eso es de miserables.
  • Indio Flechero31/01/14 00:00
    ¿En que se puede recortar? Sobran cargos de confianza, lo que se llama puestos a dedo. También se puede recortar en Las Comarcas,que no dejan de ser en buena parte el aparcamiento de políticos mediocres y de familiares y amigos. ¿Porque las comidas de nuestros políticos tienen que estar subvencionadas? ¿Es que cobran poco? ¿Acaso Las Cortes o EL Pignatelli se encuentran fuera del casco urbano para que sus señorías sean subvencionados? ¿Acaso se ganan su salario? a tenor de lo que estamos viendo estos últimos años mi opinión es que NO, pero ni PP - PSOE- PAR pero mientras tanto nuestros mayores sin los recursos que se merecen.
  • Dependencia31/01/14 00:00
    Que esto ocurra convierte a este país en indigno y a quienes dejan que esto suceda, atajo de sinvergúenzas.


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