"La Administración está sorda y muda ante los problemas de las familias"

Javier Escartín (Huesca, 1969) es jefe de sección de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón y desde junio está al frente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Aragón, con unos 1.200 miembros, aunque el órgano representa a unos 2.000 profesionales en la Comunidad.

Accede al cargo en un momento especialmente complicado para la acción social. 

Complicadísimo, tanto por la crisis como por las políticas de austeridad y de recortes que están marcando la gestión pública en España y en Aragón. Nos estamos encontrando con que los servicios sociales y los proyectos de acción social, lejos de mejorarse y fortalecerse porque la población necesita más ayuda que nunca, se están privatizando y desdibujando, o los convierten en iniciativas de tipo asistencionalista-benéfico, o simplemente los desmantelan. Eso lo estamos sufriendo tanto los profesionales que estamos en primera fila como la propia ciudadanía.

Con este panorama, ¿cuáles son los objetivos prioritarios de la nueva junta que preside?

Tenemos tres prioridades. Una es ayudar a los profesionales que están en el terreno a través de nuestra estructura con formación y apoyo específico, y también a los jóvenes colegiados. Hay muchos que acaban la carrera y se encuentran con el paro o la precariedad laboral. La segunda prioridad es posicionarnos claramente contra las políticas que erosionan la acción social. En este sentido, la ley de bases de régimen local va a ser muy dura, especialmente en Aragón. Y también pretendemos adaptar la profesión al nuevo contexto. En esta disciplina los cambios sociales afectan mucho.

Hablaba de las consecuencias de la ley de bases de régimen local. ¿Cómo va a afectar?

Nos preocupa y tenemos una campaña muy fuerte a nivel nacional porque la ley que entrará en vigor en 2015 desmantela los servicios sociales municipales que hoy conocemos y en los que se basa el sistema actual. Si se quitan las competencias a ayuntamientos y comarcas, será un desmantelamiento de guante blanco. La Administración autonómica no tiene ni capacidad ni músculo para asumir todo eso, y veremos qué pasa en las zonas rurales de Aragón y en Zaragoza, que con su concentración de población tiene otro tipo de necesidades. Es gravísimo.

En las últimas semanas ha saltado la alarma ante el incremento de becas de comedor concedidas a las familias más necesitadas.

Aparte de la gran alarma por la pobreza infantil, nos preocupa la familia, que va de la mano de la infancia. A todos los partidos se les llena la boca con el apoyo a las familias, pero los proyectos que se han implementado este verano son simplistas y consideran que la pobreza solo se combate con alimentos o comedores, cuando las prestaciones económicas y las iniciativas sociales y de tiempo libre que tienen que acompañar a esos comedores son las soluciones más integrales. Pero se ha hecho mal y fuera de plazo. Ha habido poca transparencia en este asunto y ha sido un despropósito porque no solo es cuestión de recursos, sino de su uso y gestión de una manera planificada. Es surrealista que las familias empobrecidas del medio rural hayan tenido que adelantar el dinero en el supermercado.

También han sido muy críticos con el sistema de adjudicación de las becas de comedor escolar.

Hemos presentado con Fapar y la Plataforma por la Escuela Pública una ampliación del contencioso que planteamos el año pasado por los requisitos exigidos. Es una medida de presión más.

En agosto se empezó a aplicar la ampliación del copago por la dependencia en función de la renta.

Los colectivos más vulnerables, que son por un lado la infancia y la familia, fundamentalmente la desempleada y sin recursos, y por otro los dependientes (discapacitados y tercera edad), son los que más perjudicados están saliendo de esta crisis en Aragón, cuando justamente son los que más hay que proteger. En el caso de la dependencia, en un territorio tan rural como el nuestro, el progresivo desmantelamiento del sistema es sangrante. Nosotros estamos en una línea de colaborar con las administraciones, de ofrecer nuestras aportaciones técnicas y nuestras críticas constructivas, y seguimos abiertos, pero vemos que o hay un giro radical en las políticas o nos vemos abocados a un Aragón con servicios sociales del siglo XIX. Hay una vuelta a la beneficencia, con un control del pobre y medidas antiguas, y necesitamos unos servicios sociales del siglo XXI. Los profesionales estamos ahí, pero los que deciden, no.

Al hablar de control se refiere a la modificación del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Por supuesto, numerosos colectivos y entidades hemos alegado. Nosotros estamos haciendo una ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios, además de Equo y Podemos; con los del Ayuntamiento de Zaragoza y con varias direcciones generales del Gobierno de Aragón tanto por este tema como por el resto de los que nos preocupan, incluida la precarización de nuestro colectivo.

¿Cuál es la situación del sector?

Ha habido despidos, no solo de trabajadores sociales, sino también de educadores, psicólogos... Vamos a pelear en todos los terrenos.

Cada vez tienen que atender a más población con menos personal y recursos.

Los servicios sociales públicos de atención primaria están colapsados desde hace varios años, si bien los profesionales están haciendo un gran esfuerzo, no solo de apoyo directo a las familias sino también de contención emocional. Son situaciones muy duras y por ejemplo Cáritas Italia tuvo que crear un servicio de prevención del suicidio. Por otra parte, las oenegés están haciendo lo que pueden, aunque algunas están dando un giro solo al reparto de comida, sin ningún tipo de coordinación, que es una de las políticas que están potenciando los gobiernos. Pero también hay que atender otras necesidades básicas, se está perdiendo el planteamiento integral del trabajo.

¿Tienen oportunidad de plantear todos estos problemas a las administraciones?

Además de esa ronda de contactos, hemos pedido reunirnos con el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván. Esperamos que se nos escuche de manera activa porque somos la voz de 2.000 profesionales que están a pie de calle atendiendo a la población, cuyas necesidades conocemos muy bien, y también hablamos por otros servicios que no tienen los canales para participar. Los ayuntamientos en general nos tienen muy en cuenta, pero la Administración autonómica está bastante sorda y muda ante el mantenimiento de los servicios sociales. Hasta ahora no han hecho caso a ninguna alegación ni informe. También están sordos ante los profesionales e incluso las fundaciones y oenegés con las que conciertan servicios. Les falta apertura de miras hacia lo que está ocurriendo y los municipios, y sobre todo los ciudadanos, son los perjudicados.