No hubo sorpresas en la Ciudad de la Justicia. Los dos peritos judiciales y de Plaza ratificaron ayer ante el juez que el empresario Agapito Iglesias cobró 14 millones de euros de más por dos edificios que le encargó la sociedad pública en 2007. Ninguno de ellos aceptó los argumentos del constructor, apuntados el lunes en el primer día del juicio y reafirmadas ayer también por sus dos peritos, de que debían repercutirse los costes de urbanización de la parcela, además de la privilegiada ubicación del complejo de oficinas en la valoración del suelo. Con estos criterios se justificaría buena parte del sobreprecio millonario cuya devolución exige la plataforma logística al entender que pagó un precio de mercado y no de coste como se fijaba en el pliego. 

La segunda y última jornada del juicio civil contra Zaragoza Plaza Center (ZPC), empresa del grupo Codesport que pertenece a Agapito Iglesias, por un presunto enriquecimiento de 14,2 millones en la construcción de un bloque de oficina y un centro de FP en Plaza se centró en las declaraciones de los peritos.

Sus discrepancias de criterio sobre la fijación del precio fueron más que evidentes. Los dos peritos judiciales y la de Plaza sostuvieron que el importe debía ceñirse al de ejecución de la obra más un 19% de gastos generales y beneficio industrial, fijado en la opción de compra de hasta 12.000 metros de edificabilidad  que se reservó Plaza cuando le vendió a ZPC una parcela de ocho hectáreas en la plataforma. Sin embargo, los dos peritos fichados por el empresario se reafirmaron en que el coste de construcción engloba mucho más que la ejecución material, como el precio del suelo en función de su ubicación, los honorarios o los costes financieros.

Lo que quedó meridianamente claro es que el arquitecto y el economista designados como peritos por el juzgado, José Joaquín Gómez Pitarch y Miguel Ángel Abrain, respectivamente, sostienen que el importe pagado está inflado y no corresponde al coste de la obra. Ambos valoraron el sobrecoste por los dos edificios en casi 14,2 millones.

El arquitecto recordó las "contradicciones" existentes entre la certificación final de la obra presentada por Plaza y la aportada por la empresa de Agapito, constató sus "discrepancias" de valoración del coste, ya que Plaza Center repercutió hasta los gastos de  promoción y publicidad de la parcela sobre la que se levantaron los dos edificios. Saneo de tierras inexistente

A preguntas del abogado de la DGA, Gómez Pitarch resaltó que  la empresa incluyó en sus certificaciones trabajos que ni siquiera se han ejecutado. Y citó expresamente que no encontró "ni un metro cuadrado de yeso" en el aulario de los cobrados, además de resaltar la "desviación de más del 80%" en el coste del movimiento de tierras, citado en su informe  que ya adelantó este diario. "Se certificaron 1,5 millones cuando no hay facturas que avalen estos trabajos. Solo 28.000 euros", dijo.

El perito judicial económico reconoció por su parte que el 19% de gastos generales y beneficio industrial que debía cobrar Zaragoza Plaza Center por la operación se multiplicó, aplicándose también al suelo, al coste de urbanización, promoción o a los gastos financieros. Yquien se lucró con ello fue Codesport, la constructora y empresa del grupo de Agapito Iglesias, además de otra firma del grupo ADL Technology, tras ser fichada por su promotora, Zaragoza Plaza Center. Abrain recordó que examinó "las facturas de contratistas y subcontratistas".

La misma línea argumental mantuvo la perito contratada por Plaza, la tasadora de Tinsa María José Sarrado, quien manifestó que la repercusión del valor de suelo debía ser proporcional al coste del suelo, es decir 138 euros por metro cuadrado y no los 475 que percibió ZPC. "La ubicación del suelo no influye para nada en el precio", dijo antes de defender el coste global en casi la misma cifra que Pitarch, 12,6 millones por entender que solo debía pagarse el precio de ejecución material, sin incluir la urbanización de la parcela.Un edificio "emblemático"

Todo lo contrario sostuvieron el arquitecto y el economista fichados como peritos por Plaza Center, Daniel Vela y José Ignacio Ruiz del Olmo. El primero afirmó que los dos edificios eran dos encargos diferentes, "absolutamente separados", por lo que se limitó a valorar el edificio de oficinas y no el aulario al entender, como su cliente y los exconsejeros de Plaza, que no formaba parte de la opción de compra de 12.000 metros cuadrados. Y en ese caso, dijo que vale lo pagado por ser un edificio "emblemático", haberse levantando en la mejor ubicación de la parcela y tener que soportar parte de los costes de urbanización. "Esto es obvio e impepinable", dijo antes de achacar el conflicto legal a la "confusión" entre el precio de ejecución material y el coste global de construcción. Así, señaló que con el dinero que, a juicio de Plaza costaba el edificio, solo se hubiera ejecutado "la mitad del volumen de la obra".

El economista Ruiz del Olmo también defendió que no vale lo mismo una parcela situada en un  sitio u otro, por lo que se le debía  asignar una valor superior al suelo del edificio de oficinas. Ymantuvo igualmente que el coste de construcción es mucho más que la ejecución material del edificio. "Si te construyes un chalé hay que pagar el suelo, la urbanización, licencias, seguros, avales y los costes de financiación además de los  materiales y la mano de obra", dijo.Visto para sentencia

El juicio quedó vista para sentencia tras la exposición de las conclusiones de los abogados. El de los servicios jurídicos de la DGA, José Luis Gay, en representación de Plaza, acusó al empresario de actuar con "mala fe" tras descubrirse en una tasación del edificio de oficinas,  encargada por Agapito a Tinsa y remitida por error a Plaza al haberle encargado otra, que el coste de construcción ascendía a 13,3 millones, muy lejos de los 20,7 cobrados. Además, defendió la tesis de que la oferta de ZPC de construir dos edificios a precio de coste era vinculante y, por tanto, no podía fijarse con posterioridad por las partes. Igualmente, incidió en el contrasentido que suponía pagar más de lo pactado por un suelo que, de salida, era de Plaza. 

Mientras, la defensa de Plaza Center, ejercida por María Esteruelas, solicitó la desestimación de la demanda basándose en el argumento de que la nulidad parcial del contrato que reclama Plaza es "inviable" y está "caducada". Para ello, citó numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo antes de cuestionar que se argumente un enriquecimiento sin causa "a modo de cajón de sastre".  A su juicio, Plaza estaba yendo "contra sus propios actos", negó que haya sufrido un daño la sociedad pública e intentó rebatir todos los argumentos de la demandante, aunque no aclaró cómo era posible que se certificaran trabajos no ejecutados.