El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, ha asegurado que la ayuda de 125 millones anunciada por la Comisión Europea para la retirada de verduras y frutas a causa del veto ruso es "un primer paso" para desbloquear la situación, pero ignora si ésta será "suficiente".

Así lo ha asegurado el consejero aragonés después de conocer que la Comisión Europea concederá 125 millones a los agricultores en respuesta al embargo ruso a sus productos, ayudas a las que podrán acceder todos los productores independientemente de que estén o no asociados en una organización agraria.

Ésta era una petición que había reiterado el Gobierno de Aragón, comunidad en la que aproximadamente un cincuenta por ciento de los agricultores no están incluidos en organizaciones de productores.

Lobón ha insistido en que se trata de un "primer paso positivo" pero también ha dicho que no se atreve a decir que sea suficiente, porque es "muy difícil" valorar los perjuicios que el veto ruso ha causado a los agricultores españoles y aragoneses.

Se sabe el número de kilos de frutas y verduras que han dejado de entrar en Rusia, pero "no tanto" el efecto negativo de algunos daños "colaterales" como la bajada de precios que este veto ha supuesto.

Por eso, es imposible saber qué cantidad de esta ayuda llegará a los productores aragoneses.

Una vez conocida la ayuda, el Gobierno de Aragón ya tiene preparado el operativo para la retirada, que se pondrá en marcha tan pronto como se reciba el reglamento detallado de la UE, probablemente esta misma semana, que tendrá una fase de comunicación por parte de los agricultores y otra de inspección para comprobar la veracidad de los datos.

La consejería aragonesa sigue pidiendo que los kilos retirados se paguen al precio que se fija cuando éstos se destinan a asuntos benéficos y no al que tienen cuando se envían al vertedero.

Lobón ha insistido en la importancia que tiene que estos 125 millones procedan del fondo de crisis general de la UE, lo que implica que la retirada se financia al cien por cien.

El problema es "político" y la solución debe de ser "política", porque no lo ha causado el sector, ha recalcado.

En todo caso, el consejero ha asegurado que "no hay que bajar la guardia" y que seguirá haciendo "presión" ante el Gobierno de España para que éste no deje de formular sus reivindicaciones ante la Unión Europea.