El juez que instruye la causa contra la farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos, Amparo Armiñana, por un presunto tráfico ilegal de medicamentos y estafa al Sistema Aragonés de Salud envió ayer a prisión a la hermana de esta, Rosa Carmen Armiñana, al considerar que pudo cooperar en la comisión del supuesto fraude. 

Tras tomarle declaración durante más de dos horas en su despacho, el magistrado consideró que existen indicios de que Rosa Armiñana, médico del Servicio de Salud Valenciano, podría haber expedido parte de las recetas falsas que la farmacéutica de Palomar de Arroyos –en prisión desde hace dos meses y medio por estos hechos– habría utilizado para cometer, supuestamente, el tráfico ilícito de medicamentos.

Rosa Carmen Armiñana ya declaró ante el juez a finales del pasado mes de mayo y en esa ocasión, tras negar ser la autora de las recetas, quedó en libertad. Sin embargo, la práctica de una prueba pericial caligráfica, solicitada dentro de las diligencias que se siguen para esclarecer lo ocurrido, apuntó hacia ella como artífice de las prescripciones, lo que llevó al titular del juzgado de Instrucción número 3 de Teruel a citarla de nuevo.

El Ministerio Fiscal solicitó prisión preventiva eludible con el pago de 80.000 euros, pero el juez no dio ni siquiera esta opción y ordenó su ingreso en prisión. A la espera de que acabe la instrucción, se estima que el presunto fraude al Gobierno aragonés desde la farmacia de Palomar de Arroyos podría ascender a 150.000 euros de los cuales 80.000 habrían sido supuestamente estafados a través de las recetas expedidas por la hermana de la boticaria. La mayor parte de los destinatarios de estas recetas son familiares de Amparo y Rosa Carmen. En los documentos se prescriben, en muchos casos, tratamientos farmacológicos de elevado coste, como antidepresivos o medicamentos contra el cáncer. 

Antes de entrar ayer al juzgado, la hermana de la farmacéutica declinó hacer declaraciones y ofrecer su versión de los hechos, pero expresó su deseo de que «esto se aclare cuanto antes». Añadió que será entonces cuando estará dispuesta a hablar ante los medios de comunicación.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, desde la farmacia turolense –ahora clausurada– habrían salido medicamentos con destino a una parafarmacia de la localidad valenciana de Enguera, donde los productos serían dispensados, indebidamente, a clientes. Antes, habrían sido facturados y cobrados al Sistema Aragonés de Salud, como indicaría el hecho de que la Benemérita localizase en la farmacia y en un domicilio cerca de un millar de envases de medicinas sin su correspondiente cupón precinto. La operación policial, denominada Pharmakon, se saldó con la detención de la farmacéutica y del gerente y dos trabajadores de la parafarmacia.Denuncias de usuarios

Al parecer, el procedimiento consistía en acceder a la historia farmacoterapéutica de los pacientes y encargar medicamentos que estos no habían solicitado. En otras ocasiones, la farmacia simularía la dispensación de un número mayor de medicinas, facturando al Salud más productos de los que realmente demandaban los usuarios. El excedente se desviaría al tráfico ilícito. Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias presentadas ante la Inspección de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud por usuarios que no pudieron retirar en la farmacia de su lugar de residencia el tratamiento prescrito mediante receta electrónica porque aparecía como dispensado en la oficina de Palomar de Arroyos, localidad en la que veraneaban.

El caso de Palomar de Arroyos ha dado pie a investigaciones policiales en otros puntos del país sobre posibles fraudes a la sanidad pública vinculados a la exportación de medicamentos.