El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha requerido al empresario Agapito Iglesias que ingrese en el plazo de tres días «el valor» de la segunda compraventa» del Real Zaragoza, cerrada la semana pasada con la Fundación 2032. El dueño del grupo constructor Codesport cedió sus acciones de la sociedad deportiva a la citada fundación por el precio simbólico de un euro, pero renunció a su cobro en el mismo contrato de compraventa. Según el acuerdo, la actual propiedad ostenta el 72% de las acciones, ya que el otro 18% que pertenecía a Agapito Iglesias se ha cedido a su vez a la Fundación Real Zaragoza para que se reparta entre los abonados. 

El instructor del denominado caso Naves –uno de los dos procesos judiciales en torno a Plaza en los que está imputado Agapito Iglesias­– le concede el mismo plazo para que aporte el documento de reversión de las acciones del club tras la fallida venta al grupo de empresarios encabezado por Javier Lasheras. E igualmente deberá entregar el «nuevo contrato de compraventa» firmado.

El juez Francisco Picazo tendrá dicho contrato por partida doble, puesto que también se lo ha requerido a la Fundación 2032. Con esta intención ha ordenado «las consultas telemáticas o de otro tipo pertinentes» para averiguar el domicilio social de esta entidad constituida en julio.

Todos los requerimientos se incluyen en una providencia firmada el pasado viernes, solo un día después de que se elevara a escritura pública la segunda compraventa del club, en este caso con un grupo de empresarios aragoneses liderado por el presidente de Telefónica, Cesáreo Alierta, con el único objetivo de salvar al Real Zaragoza de su desaparición.

En su escrito, Picazo solicita, además, al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza que le comunique si Agapito Iglesias «ostenta créditos y el tipo de los mismos» en el procedimiento concursal del Real Zaragoza SAD. Como informó este diario, el empresario tomó la decisión de renunciar a los créditos subordinados a su favor recogidos en el convenio de acreedores al firmar con la Fundación Zaragoza 2032. Dinero en la cuenta del juzgado

Fuentes jurídicas aseguraron ayer que en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado siguen los 50.000 euros que ya ingresó Agapito Iglesias a principios de junio tras cerrar el primer contrato. En este caso, el juez reclamó igualmente el documento para identificar a los nueve compradores que firmaron y exigirles que no pagaran a Agapito Iglesias y depositaran los pagos aplazados directamente en la cuenta del juzgado. De esta forma, pretendía asegurarse de que las sumas que se iban a pagar por las acciones del Real Zaragoza sirvieran para cubrir las posibles responsabilidades civiles del ex máximo accionista del club.

Aquella operación se cerró por 9,8 millones, aunque el desembolso se fraccionó en diez entregas, la primera de las cuales vencía el 1 de enero de 2015 y la última el mismo día de 2024. Por tanto, el único dinero que se movió en la transacción fueron los 50.000 euros que los compradores desembolsaron a la firma del contrato en una notaría de Madrid. 

El contrato de reversión de las acciones del club obliga ahora a Agapito Iglesias a devolver los 50.000 euros a los primeros compradores del club, pero todo está condicionado a que el magistrado decida reintegrar el dinero, según aseguraron ayer fuentes cercanas al empresario.

El instructor del caso Naves fijó una fianza de 18,8 millones de euros a los cuatro imputados, entre ellos Agapito Iglesias, por las presuntas irregularidades en una promoción de naves que Plaza adjudicó por concurso a la constructora Codesport. El dueño del grupo constructor ofreció al juez sus participaciones en tres sociedades para responder íntegramente de dicha fianza. A través de dos de ellas controlaba la sociedad tenedora del 90,23% de las acciones del club, Zaragoza Sport Arena XXI.

No obstante, Picazo ordenó a mediados de junio el embargo preventivo de todos los bienes que tuvieran a su nombre los imputados en el caso Naves, Agapito Iglesias, el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exdirector técnico de la sociedad pública, Miguel Ángel Pérez.