El Tribunal de Cuentas acaba archivando los casos auditados sobre la gestión de la DGA

El Tribunal de Cuentas ha archivado los once casos que abrió por la vía contable por las presuntas irregularidades en la gestión de la DGA y de sus empresas públicas en los años 2008 y 2009. Los reparos legales fueron incluidos en su último informe de fiscalización, emitido en 2012, y provocaron la apertura de diligencias sobre contratos cuyo importe ascendía a más de 242 millones de euros, pero dos años después ha concluido que «no procede considerar ocasionados menoscabos en los fondos públicos determinantes de responsabilidad contable por alcance».

El órgano fiscalizador puso en cuestión cinco contratos gestionados directamente por consejerías del Gobierno de Iglesias y de otros siete tramitados por otras tantas sociedades públicas controladas igualmente por la DGA. El Ejecutivo de Rudi tomó la decisión de recurrir, defendiendo la gestión de sus predecesores. Esto le llevó a solicitar «expresamente» a la sección de Enjuiciamiento el archivo de las actuaciones puesto que consideraba que no había producido ningún tipo de irregularidad.

Eso sí, el bloque de alegaciones preparadas por las empresas públicas al informe provisional de fiscalización (del verano de 2012) nunca se llegaron a enviar por un fallo atribuido a Intervención, lo que contribuyó a que se abrieran las diligencias por responsabilidad contable. En el trámite de audiencia ante la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la DGA subsanó su error, remitió toda la documentación solicitada en su día y despejó las sospechas que aún faltaban por despejar a los instructores.

El primer auto de archivo se remonta a finales de 2011, antes incluso de la emisión del informe de fiscalización, y se fueron sumando de forma paulatina el resto, hasta la pasada primavera, según confirmaron desde el propio Ejecutivo autonómico. 

En la misma línea se pronunció el Tribunal de Cuentas, que aseguró a este diario el pasado miércoles que a estas alturas «no hay diligencias abiertas» en la sección de Enjuiciamiento que afecten a la DGA.

Con antelación, la Fiscalía Provincial de Zaragoza había archivado 14 de los 17 contratos remitidos desde el Tribunal de Cuentas en enero de 2013 al no compartir que hubiera indicios de delito penal. Únicamente siguieron adelante los tres relacionados con Plaza S. A. que han acabado finalmente en los tribunales: el caso Caladero, cuyo sobreseimiento solicita ahora el propio Ministerio Público tras la instrucción judicial, y el caso Apartadero, en la que los imputados solicitarán igualmente el archivo tras rebatir ante el juez la tesis de la prevaricación en los dos contratos bajo cuestión en esta causa, los adjudicados por procedimiento negociado para construir el apartadero ferroviario y ampliar la plataforma logística.Investigación en paralelo

Solo sobre cinco contratos bajo sospecha se llegaron a iniciar actuaciones en paralelo por la vía penal y contable y en todos los casos, salvo el citado de Caladero, se han acabado archivando (el caso Apartadero se ha instruido exclusivamente por la vía penal). En la lista constaban las obras de construcción de la nueva escuela de Artes de Zaragoza y la adquisición de las pizarras digitales (ambas dependientes de la Consejería de Educación), la gestión de una de las zonas de eliminación de escombros de Aragón (Medio Ambiente) y una prórroga de las ayudas de la sociedad promotora del aeropuerto otorgadas a una compañía aérea. En total, más de 127 millones de euros. El resto de contratos sobre los que se abrieron diligencias por la vía contable afectaban a las empresas públicas Aragón Exterior (un descuadre de un millón de euros sin justificar en sus cuentas), Pabellón Expo (por el destino de una partida de 200.00 euros), Ciudad del Motor (el alza en dos contratos) y Aragón Telecom (un suministro de equipos de TDT). 

También se extendían a las consejerías de Salud (la adjudicación vinculada al centro tecnológico para la Salud), Hacienda y Administración Pública (la cancelación de derechos de prescripción sanciones de Salud) y Medio Ambiente (otro de los contratos de gestión de escombros de Aragón) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (un modificado en las obras de la residencia de Torrero). Dichos procedimientos sumaban un importe de 114 millones. 

Se da la circunstancia de que el ejercicio en el que el Tribunal de Cuentas había encontrado inicialmente más irregularidades de todos los fiscalizados del Gobierno de Aragón era el de 2008. En la auditoría de 2008-2009 se incluyó una muestra aleatoria de 57 contratos de los distintos departamenos de la DGA.