Nueve fiscales investigarán los contratos de la DGA con posibles irregularidades

Nueve fiscales de Zaragoza se van a encargar de investigar varias decenas de contratos públicos adjudicados por el Gobierno aragonés durante los ejercicios 2004 y 2005, en los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectó posibles irregularidades administrativas e indicios de la posible comisión de delitos. Las contratas afectan a siete consejerías de la DGA, y fueron tramitadas directamente por los departamentos o a través de empresas y entes públicos que dependían de ellos. En total, solo las contrataciones investigadas por posibles "infracciones penales" suman 479 millones de euros y 26 contratos. A estos hay que sumar también los numerosos expedientes analizados por presuntos delitos contables.

Con la prolija documentación remitida a finales de noviembre desde Madrid, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza encargó un primer informe a Victoria Esponera, fiscala especialista en Delitos Económicos y responsable de investigaciones como la Operación Molinos. Concluido su trabajo, esta ha redactado un documento, que entregó el pasado 27 de diciembre, en el que enumera las posibles irregularidades y las divide en 24 grupos, atendiendo a distintos criterios: consejería que los firmó, empresa adjudicataria, etc.

El fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, ha ordenado ahora a otros nueves fiscales que continúen con las pesquisas. Por lo que serán ellos quienes se encarguen de examinar con detalle cada contrato y de citar a las personas que estimen oportunas para aclarar dudas. Aunque no se puede precisar cuánto puede durar esta fase de investigación, se intentará que esté acabada antes de dos meses (es decir, podría haber una resolución antes de las elecciones). Será entonces cuando se planteen las posibles responsabilidades penales, en caso de haberlas.

Los hechos que se investigan se remontan a los años 2004 y 2005, lo que obliga a la Fiscalía Provincial a trabajar con diligencia para tratar de impedir que los delitos, en caso de existir, prescriban. Por la naturaleza de la denuncia, cabría pensar en delitos de falsedad, cohecho o malversación. En cualquier caso, serán las diligencias de investigación de la Fiscalía las que permitan dilucidar si realmente llegaron a cometerse e identificar, en su caso, a los posibles autores. De lo contrario, la investigación se archivaría.

Fuentes de la DGA explicaron que el Ejecutivo no ha tenido ninguna comunicación oficial, puesto que estas diligencias "no son públicas". "Solo nos tendrían que informar si se imputara algún delito", argumentaron desde el Gobierno de Aragón. Las mismas fuentes confiaron en que no se deriven responsabilidades de estos contratos y que se archiven.

Entre otras irregularidades detectadas en la contratación de la administración autonómica en los años 2004 y 2005, destacan, por ejemplo, la fijación de criterios más selectivos una vez abiertas las ofertas en algunas zonas del millonario plan de depuración o la adjudicación de la residencia de Las Fuentes sin tener en cuenta el precio de las ofertas. También afecta la investigación a proyectos como el Hospital de Barbastro, la ampliación del Museo Pablo Serrano, el servicio de transporte sanitario no urgente o el suministro centralizado de medicamentos.

El Tribunal de Cuentas también ha investigado si la DGA pagó de más en contratos de obras, que se desfasaron hasta un 20% y cuyo sobrecoste no está justificado. Además, existen casos como el del gerente de Motorland, que percibió una elevada remuneración en 2004 sin tener contrato. O 777 millones de euros que -según el Tribunal - la DGA repartió en subvenciones a empresas y asociaciones durante un solo año, 2005. Algunas se otorgaron "sin convocatoria específica, de forma directa, sin que se hubiera justificado por qué no se sometían a los habituales procedimiento de concurrencia".