La publicación esta semana del Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos del Ministerio de Industria ha puesto en negro sobre blanco los temores que albergaban los productores de energía 'verde' de Aragón. La nueva norma, que deshace el sistema de primas instaurado hasta ahora para dar paso a un programa de retribuciones de carácter retroactivo “pone en jaque”, según explican desde el sector, al 60% de las instalaciones eólicas de la Comunidad, en concreto, a todas aquellas que nacieron antes de 2005. Una “desatino” que será especialmente dañino en Aragón ya que el Valle del Ebro y su entorno fue pionero en la implantación de estas tecnologías.

El motivo que esgrime el Ejecutivo para dejar sin ayudas a las instalaciones anteriores a esta fecha es que entiende que estos parques ya han conseguido una “rentabilidad razonable” para andar por sí solos, algo que no comparten los productores, que estiman que muchas plantas, en especial las más pequeñas, podrían dejar de ser rentables e incluso ver comprometida su continuidad al seguir manteniendo el pago de créditos con los que pusieron en marcha las plantas.

Así, con la nueva regulación, el Gobierno Central rebajará la partida de ayudas al sector en cerca de 1.700 millones de euros. Un ahorro que en palabras del propio Ministro Soria ayudará a aumentar la “eficiencia” en la colocación del temido déficit de tarifa -la diferencia acumulada entre los ingresos y los costes del sistema de distribución eléctrica-, señalando a las renovables como una de las causas de la generación del déficit que había que atajar para “no ir a la quiebra”.

El Ministerio de Industria concretará ahora a partir de órdenes ministeriales las retribuciónes que tendrá cada instalación en función de su capacidad de generación y su año de entrada en funcionamiento. Un pago que rondará de media una retribución del 7% de la inversión a lo largo de toda la vida útil de la instalación, según explicó el propio Ministerio, cantidad inferior a la que venían disfrutando hasta ahora los parques eólicos mediante el sistema de primas.

Para el sector, que ya ha confirmado que estudiará vías legales para impugnar el decreto, este cambio de escenario supone un “viraje radical en las normas de juego que rompe con la corriente de inversión y progreso que había hecho del sector de la energía verde un puntal de la economía española”, según señala el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), el aragonés José Miguel Villarig.

Aragón, especialmente afectado

La decisión de dejar sin ayudas a las plantas anteriores a 2005 afecta especialmente a la Comunidad Aragonesa debido a su labor como precursora del sector eólico. No en vano, según los informes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Aragón era en 2004 la segunda comunidad autónoma en potencia eólica instalada, solo por detrás de Galicia, con más de 1.000 MW, más de la mitad de los 1.893 con los que cuenta en la actualidad. Una posición de liderazgo que ha ido perdiendo fuelle con el paso de los años, ya que en la actualidad la Comunidad ha quedado relegada al quinto puesto con 87 parques eólicos, por detras de las dos Castillas, Andalucía y Galicia.

Pese a todo, la Comunidad Aragonesa sigue siendo a día de hoy un referente en lo que a producción de energía renovable se refiere, obteniendo por esta vía 'verde' cerca del 30% de toda la energía que se genera. Un panorama del que es consciente el Departamento de Industria e Innovación de la DGA, que ve en el sector una de las opciones más prósperas de la economía aragonesa. Así lo aseguró el Consejero de Industria Arturo Aliaga hace unos semanas, cuando ante la entrada en vigor del nuevo decreto advirtió de que la reforma “afectaría especialmente a Aragón”, insistiendo en que si la "política energética se llevara a cabo con consenso entre las comunidades autónomas "tendría mucha más fuerza".

Fotovoltaicas y minihidráulicas, también perjudicadas

El nuevo sistema retributivo, que llega tras un azaroso proceso de regulación que ha durado más de un año, no falto de críticas por parte de Europa, no solo afecta a la energía eólica. Las plantas fotovoltaicas y las centrales minihidráulicas que en los últimos años se habían extendido por la Comunidad también se han visto afectadas.

En el caso de las fotovoltaicas, que tuvieron una implantación más tardía que los molinos de viento, el cambio en las normas podría afectar a más de 2.000 pequeños inversores que hace algo más de un lustro encontraron en la energía verde buenos motivos para poner su dinero gracias a la rentabilidad que se suponía que después de unos años iban a tener las plantas. Eso sí, todos ellos contaban con el empuje de las primas. Ese es el caso de Jorge Benavente, representante de un grupo de 90 socios -en su mayoría agricultores y pequeñas empresas- que en 2008 apostaron por crear una planta fotovoltaica en las Cinco Villas, una de las comarcas en las que tuvo mayor implantación esta energía.

“Lo cierto es que poco a poco, y de forma gradual, el Gobierno ha ido lastrando la capacidad de ingresos que podríamos generar con la planta”, explica Benavente, quien valora que a las renovables no se les ha querido dar un papel preponderante dentro del sistema energético español.

Ahora, a expensas de ver cómo se desarrolla el Decreto por parte del Ministerio, inversores y empresarios anuncian que explorarán todas las vías posibles para recobrar unas ayudas que califican como “básicas” para que España alcance la independencia energética de otros países.