Pinilla nombra al final a un abogado y renuncia al que le asignó el Colegio

La exalcaldesa de La Muela intentó que
el juez le liberara 152.000 euros para
pagar su defensa, pero no lo consiguió.

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La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, ha decidido designar al abogado José Antonio Visús para que se ocupe de su defensa en la causa abierta por la Operación Molinos, en la que la Fiscalía le acusa de 24 delitos y le pide 37 años de prisión, 165 de inhabilitación para empleo o cargo público y multas que casi alcanzan los 23 millones de euros.


La acusada pone fin de esta manera al conflicto que se había generado al quedarse sin asistencia letrada el pasado 27 de diciembre, cuando estaba hospitalizada y sus entonces abogados renunciaron a seguir representándola. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, aceptó la mencionada renuncia, a lo que Pinilla reaccionó enviándole un escrito en el que le pedía que desbloquease 152.169 euros para poder pagar a un abogado que se haga cargo de su defensa, igual que otros jueces han hecho con el socio de Iñaki Urdangarin o con la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. En concreto, esa cantidad respondía al presupuesto elaborado por José Antonio Visús, abogado que también defiende a su hermana Dolores y a la imputada Loreto Ornad.


El juez le denegó la petición argumentando que su patrimonio fue inmovilizado para hacer frente a las responsabilidades civiles que se deriven de una hipotética condena, que en su caso ascenderían a 15,9 millones de euros. El instructor le reconocía el derecho a designar al abogado que considere oportuno, pero le advertía de que no podía «privilegiar los derechos de cobro de un profesional sobre el resto de personas o entidades que pudieran obtener un derecho de resarcimiento sobre los bienes afectados» y le instaba a recurrir a los servicios de un abogado de oficio, además de pedir directamente al Colegio de Abogados que le nombrara uno.


Esto abrió otro frente, pues Pinilla no tiene el beneficio de la justicia gratuita al poseer abundante patrimonio, aunque lo tenga embargado. El propio Colegio de Abogados de Zaragoza envió un escrito al juez advirtiéndole de que los abogados, incluidos los de oficio, «también tienen derecho, aunque a veces lo olvide el legislador, a percibir una retribución justa por su trabajo».


Al final y después de que el decano, Antonio Morán, explicara a los colegiados la situación a través de una circular, el pasado 29 de abril, por unanimidad, la junta de gobierno eligió al abogado Santiago Palazón para defenderla de oficio. En el escrito al juzgado, el Colegio advertía de que con independencia de que la acusada quisiera o no que se llevara a cabo la designación, asumía automáticamente la obligación de satisfacer sus honorarios y el juzgado, la obligación de garantizarlo.


María Victoria Pinilla había renunciado de antemano al letrado de oficio, a pesar de no tener efecto pues la iba a defender aunque no quisiera. Lo único que podía cambiar la situación es que designara uno de su propia elección, como ha terminado haciendo.