"Las interrupciones y paralizaciones de los procesos en marcha son responsabilidad exclusiva del Salud". Así de tajante se mostró ayer la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc) a la que pertenecen 750 profesionales de cabecera de la comunidad.

Varios de los miembros de esta asociación participaron en el concurso de traslados del año 2008 (fruto de la OPE de 2007) y lo recurrieron -a través de la propia Samfyc- por considerar que se les había baremado con hasta 9 puntos menos al no contemplarse su antigüedad desde el periodo MIR. Muchos de ellos intentaban regresar a Aragón después de años en los que no se convocaron ofertas de empleo público, y sus oportunidades quedaron cercenadas, a juicio de la sociedad profesional.

Ahora, cuando como consecuencia de aquella demanda se ha visto paralizado el actual concurso de traslados en marcha, afectando a cientos de facultativos (los 105 de 2008 y otros 281 del proceso actual), la Samfyc insiste en que no se puede culpar del caos actual a los médicos que recurrieron (a los que, por cierto, se les ha dado la razón en la mayor parte de sus quejas en dos sentencias posteriores), sino que acusan al Salud de "iniciar procedimientos que posteriormente son declarados ilegales, a pesar de las advertencias previas".

Tanto Sanidad como el sindicato Fasamet han lamentado los retrasos que la paralización judicial -que se hizo efectiva el martes- están creando, pero los afectados insisten en que la DGA ha tenido tiempo para hacer los deberes tras la última sentencia a favor de los demandantes, que emitió el TSJA el pasado 4 de febrero. "A pesar de conocer dicha sentencia, que obliga al Salud a dar una respuesta a la convocatoria anulada, la administración no solo no paralizó el nuevo concurso de traslados, convocado en 2013 y también recurrido, sino que aceleró la resolución, adelantándose incluso a los plazos comunicados a los sindicatos, publicando una resolución del 15 de abril de 2014 con la lista definitiva de los traslados", explica Samfyc.

"Si siguiera adelante, se impediría de facto la posible ejecución de una sentencia firme sobre un traslado de cuatro años antes, con lo que la Samfyc vería como la justicia le da la razón, pero al final se queda sin poder ser efectiva", advierte la sociedad.