La Cámara de Cuentas revela un agujero de más de 355 millones de euros en las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza tras fiscalizar su situación financiera al cierre del ejercicio de 2011. El informe provisional, fechado el pasado día 15 y remitido al Consistorio para que alegue, es demoledor y recoge decenas de «irregularidades», hasta el punto de concluir que el presupuesto «no expresa la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ayuntamiento, ni de los resultados de sus operaciones, ni de la liquidación de sus presupuestos».

La situación llega hasta el punto de que el órgano fiscalizador advierte de que «no puede garantizar que se hayan detectado la totalidad de las irregularidades» ante la laguna de datos y de documentación, las denominadas «limitaciones al alcance de la auditoría».

En los 129 folios del documento, al que ha tenido acceso este diario, se pone en evidencia la magnitud del desfase entre las cuentas presentadas y la realidad –los «ajustes»– que recoge la Cámara de Cuentas. Uno de los datos más reveladores es el del remanente de tesorería: las pérdidas oficiales se reducen a 7 millones, pero se elevan realmente a 362,2 si suma el citado agujero de 355,2 millones.

Este agujero resulta de la suma de gastos sin consignación y de ingresos presupuestados de dudosa ejecución. En ese ‘debe’ presupuestario destacan 173 millones de facturas pendientes, que el Ayuntamiento empezó a regularizar a través del plan de pago proveedores pero cuya deuda se mantiene viva a través de préstamos del ICO pendientes de amortización. En el ‘haber’ reseña partidas igualmente millonarias, como ventas de suelo no cerradas y cobros pendientes que el órgano fiscalizar considera casi inviables por su antigüedad. Pese a que el informe refleja la situación contable en 2011, en los dos últimos años no se habrían producido mejoras significativas y el agujero se arrastraría hasta hoy.

Los números oficiales no casan ni con los aportados por los acreedores. En 38 de los 44 casos consultados, existen diferencias «entre los saldos confirmados y los reflejados en la contabilidad del Ayuntamiento». Lo peor es que la administración local «no ha podido aclarar las diferencias», que son millonarias y nunca en beneficio municipal: 11 acreedores consultados han reconocido que la deuda es menor con el Ayuntamiento de la reflejada en la contabilidad (3,7 millones) y otros 27 confirman un mayor saldo pendiente de cobro (36,9 millones).

Entre las quince salvedades destacadas en las conclusiones se incluye una que pone en duda que se puedan cobrar 78,8 millones pendientes tras analizar su antigüedad y las verdaderas posibilidades de hacer efectivos los saldos deudores. Por ello, manifiesta que la provisión para insolvencias está «infravalorada».

La Cámara de Cuentas también incide en que se deberían anular de la contabilidad 47,2 millones por ventas de suelos que realmente no se han producido, al no existir una escritura de compraventa. Igualmente, ha detectado que otras enajenaciones cerradas en 2012 por valor de 3,9 millones se recogieron en el presupuesto de 2011. Como consecuencia, todo el IVA asociado a estas operaciones no ha sido cobrado por el Ayuntamiento, lo que supone otra partida adicional de 8,9 millones. En total, los técnicos del órgano fiscalizador consideran que 251 millones de ingresos por acreedores a corto y largo plazo deberían borrarse de las cuentas municipales.

En el capítulo de inversiones financieras, también refleja salvedades de calado. Así, especifica que el valor del capital de las sociedades mercantiles en las que participa el Ayuntamiento está sobrevalorado en 22,7 millones, más de la mitad del importe recogido oficialmente en los libros. Además, afirma que no se ha contabilizado «el compromiso de aportación de capital» para compensar las pérdidas de la promotora del aeropuerto (3,5 millones) ni provisionó 21,1 millones que, a su juicio, le correspondían por la negativa situación económico patrimonial de Zaragoza Alta Velocidad.

La Cámara incluso pone reparos a la imputación presupuestaria del plan de pago a proveedores. Así, reprocha que solo se reconozca como ingreso presupuestario el importe que sirvió para pagar parte de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y no los 45,1 millones que sirvieron para saldar deudas reconocidas.