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Aragón

Hacienda exigirá a la DGA eliminar más empresas públicas y reducir su burocracia

El plan de ajuste deberá incorporar medidas para frenar su gasto corriente.

El Ministerio de Hacienda reclamará al Gobierno aragonés que reduzca su entramado empresarial. Fuentes del Gobierno central explicaron que el Ejecutivo PP-PAR podrá incluir en su plan de ajuste supresiones y fusiones de alguno de los más de 100 entes autonómicos que mantiene. Además, el Gobierno aragonés deberá comprometerse a hacer correcciones para reducir su gasto corriente y proponer actuaciones que reimpulsen la ralentizada reforma de la administración autonómica.

Aragón –que está obligada a presentar antes del 28 de mayo un listado con nuevos ajustes por incumplir el déficit– ha sido durante los dos últimos años una de las autonomías que menos ha reducido su administración paralela. Según informan, para dar la vuelta a esta situación, la DGA podrá incluir en su plan de ajuste una reducción del dinero que transfiere anualmente a sus organismos autónomos y fundaciones (algunas de ellas en ámbitos poco relacionados con las competencias autonómicas).

Según los datos oficiales de Hacienda, el Ejecutivo aragonés es el tercer gobierno autonómico que menos ejemplar ha sido en este ámbito durante la legislatura. Solo Asturias y Canarias han mostrado más reticencias a cerrar entes públicos de cuestionada utilidad. Esta circunstancia, aunque no es la más determinante, ha contribuido al incumplimiento del déficit. De hecho, algunas fuentes creen que Aragón ha actuado como si considerase que podía cumplir el objetivo de déficit sin ajustar su sector público, circunstancia que no ha sucedido.

De momento, tal y como informó la DGA, ha habido ya una primera reunión formal entre el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo autonómico en la que se ha abordado la elaboración del plan de ajuste. El diseño concreto de los ajustes es responsabilidad del Ejecutivo PP-PAR, aunque el Ministerio de Hacienda tiene capacidad para solicitar correcciones y no dar por válidos determinados planteamientos.

Fuentes de la DGA han asegurado que sí tienen previsto introducir una reducción de su sector empresarial dentro de las medidas de ajuste. La duda es si esta decisión protagonizará una parte relevante del recorte de gasto total de la DGA (que podría superar los 100 millones de euros) o se intentará plantear de forma limitada, como ha ocurrido en el últimos años.

El Gobierno autonómico ha sostenido en los últimos meses que si la reducción de sus entes públicos es lenta se debe al ritmo que le marca la ley. Sin embargo, otras autonomías no han tenido este problema e incluso han triplicado el ajuste hecho por Aragón en sus respectivos entramados societarios. Desde 2011, la DGA solo ha ejecutado una actuación de calado.Fue la fusión de Sirasa y Sodemasa, que generó notables tensiones en la coalición PP-PAR. Desde entonces, apenas han tomado medidas de desinversión y algunos despidos selectivos, sin tocar la mayor parte del entramado creado por el Ejecutivo PSOE-PAR.

El ajuste que se confía que refuerce Aragón este 2014 ya lo han protagonizado otras autonomías que tuvieron que cumplir un plan de ajuste durante 2013. Cataluña y Comunidad Valenciana habrían reducido su gasto público en el último (la última de ellas en más de 1.500 millones de euros) precisamente con este tipo de medidas, sin vinculación con la sanidad y la educación.

La propuesta de ajuste que presente la DGA ante el Ministerio de Hacienda no debería tener demasiadas similitudes con el que ya presentó el Gobierno aragonés hace dos años, con motivo del incumplimiento del déficit de 2011.

En ese plan, la base del ajuste se centró en reducir notablemente las transferencias a otras administraciones (en más de 100 millones), en recortar el gasto farmacéutico (en más de 80 millones) y en ajustar el gasto del personal (68 millones), sobre todo sanitario y educativo. Según explican, el recorte que toca para este año es menor que el de 2012. Aseguran que, si hay acuerdo entre PP y PAR y aceptan reducir las estructuras paralelas y gastos superfluos, se podría completar sin apenas efectos en el área social.

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