El Ministerio de Hacienda avanza en su afán de recaudar más dinero y reducir el fraude fiscal a la mínima expresión. Una de las últimas decisiones de la cartera que dirige Cristóbal Montoro ha sido avanzar en la llamada 'amnistía catastral', que pretende que quienes tengan viviendas en situación irregular puedan normalizar su inscripción en el Catastro mediante el pago de 60 euros. En Aragón, los vecinos de un total de 79 municipios han sido llamados a normalizar la situación de su vivienda.

Hacienda anunció en diciembre de 2012 su firme intención de que los propietarios de viviendas que estuvieran pagando menos impuestos, bien porque no estaban inscritas en el Catastro bien porque habían realizado reformas y no las habían declarado (porque las modificaciones incluyen, casi siempre, un aumento del IBI), regularizaran su situación.

Así lo puso de manifiesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que decía textualmente que "con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude fiscal que supone la falta de incorporación al Catastro de los bienes inmuebles y de sus alteraciones físicas" se iniciaba "un nuevo procedimiento de regularización catastral".

Se estableció que el plan se iría llevando a cabo paulatinamente y hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2016. El método a seguir era sencillo: cada cierto tiempo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaría una relación de municipios a cuyos vecinos daba un plazo de seis meses para pagar 60 euros como cuantía de "regularización catastral".

Algunos quisieron ver en este proceso una suerte de 'amnistía catastral', porque 60 euros era una cantidad muy moderada para quien llevaba años ahorrándose el pago de impuestos elevados, como el IBI, y otros una voluntad recaudatoria, porque esta tasa adquirió la consideración de tributo estatal, por lo que irá a parar, de forma íntegra, a las arcas estatales, según lo establecido por el Ministerio de Hacienda.

La primera tanda de municipios se conoció en octubre de 2013: en los 176 municipios relacionados se encontraban 44 aragoneses. La siguiente serie de localidades, y por el momento la última, elevaba esa cifra hasta 79 núcleos de población de Aragón. Los primeros tienen hasta el 30 de junio de este año para regularizar su situación (tras ampliarse el plazo, porque en un primer momento vencía el próximo 30 de abril), mientras que la fecha límite del segundo grupo de municipios vence el 30 de octubre de este año.

Un informe del Defensor del Pueblo publicado en 2012 sostenía que el Catastro investigaba, cada año, a unos 20.000 propietarios inmobiliarios aragoneses por construcciones de nueva planta o reformas no declaradas. Según estas estimaciones, Hacienda podría conseguir hasta 1,2 millones de euros con esta regularización. 

Multas de hasta 6.000 euros

En muchos casos, será la propia Dirección General del Catastro la que inste a los ciudadanos a regularizar su situación mediante una notificación, ya que este organismo está investigando (a través de fotografías aéreas y otros sistemas) nuevas edificaciones y reformas no declaradas. Pero los aragoneses también pueden optar a esta 'amnistía' por iniciativa propia presentando una propuesta al Catastro y abonando la tasa de 60 euros.

Quienes se acojan a esta regularización no podrán ser multados por haber incumplido de su obligación de declarar "de forma completa y correcta" las características de sus inmuebles. Las sanciones previstas por el Catastro en estos casos van desde los 60 euros hasta los 6.000.

Además, la normativa establece que si "como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor, la Administración no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que esta debiera comprender, la infracción se sancionará con multa de 1.000 a 6.000 euros".

Normalmente, la regularización implicará un aumento del valor catastral del inmueble y, por lo tanto, un aumento de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).  El cambio catastral también puede variar la imputación de rentas en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).