Pese a llevar dos años esperando su aprobación, la puesta en práctica del nuevo decreto aragonés de alimentación de especies necrófagas no ha conseguido los efectos esperados por los ganaderos. La nueva norma permite en ciertos puntos de la Comunidad que las explotaciones de ganadería extensiva puedan depositar los cadáveres para alimentar a los buitres sin la necesidad de que el Sarga se haga cargo de los cuerpos, habilitando nuevos puntos de alimentación más allá de los habituales muladares.

El decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre, llegaba después de que en 2011 el Estado central emplazara a cada comunidad a poner en marcha esta práctica. Una posibilidad, en principio, encaminada hacia el ahorro, pero cuyos resultados aún no han podido ser testados debido a la poca rentabilidad que genera al ganadero.

"Aunque un ganadero esté en una zona apta para realizar esta práctica los seguros acordados con la DGA siguen cobrando el servicio total de recogida de cadáveres", explican sindicato agrario-ganadero UAGA, quienes creen que aprovechar esta nueva posibilidad reduciría el coste del servicio, hasta un 55% más caro en Aragón que en otras comunidades como Cataluña.

Privatizar o no

Desde 2005, en Aragón es la empresa pública Sarga la encargada de gestionar la recogida e incineración de los cadáveres de los ganados. Servicio que los interesados valoran que funciona muy bien, pero que en los últimos años se ha encarecido hasta en un 43% debido al recorte en subvenciones en el sector.

En concreto, a un ganadero aragonés el servicio del Sarga le sale entre 0.21 y 0.25 euros (0.28 según sindicatos) por kilo recogido, un precio sensiblemente superior a los 0.18 que actualmente paga cualquier ganadero catalán, comunidad en la que el servicio se privatizó para ahorrar costes.

El debate se ha instalado de tal forma en el sector aragonés que este mismo martes el Consejero de Agricultura y Ganadería Modesto Lobón se comprometía a igualar vía subvenciones el precio catalán para el próximo año, momento en el que se estudiaría la "posible" privatización de este trabajo que actualmente emplea a 100 personas de Sarga.

Para la Consejería la comparación con la comunidad vecina no es posible debido a que en Cataluña es "más fácil" debido a que los ganados se están más próximos entre ellos, y no tan dispersos como en Aragón, argumento no válido para los sindicatos, que además no acaban de fiarse de la oferta del Gobierno para bajar los precios ya que solo les abonarían la diferencia una vez acabado el ejercicio.

"Sarga tuvo el pasado año medio millón de euros de beneficio, algo que entendemos que no debería ser normal en una empresa pública y más aún en los tiempos que corren", esgrime José Luis Lasheras, responsable de Sectores Ganaderos en la Comisión Ejecutiva de UAGA, quien entiende como ilógico que se siga recaudando el mismo precio incluso en las zonas en las que ahora se puede entregar la mayoría de los cadáveres como alimento de los buitres sin la necesidad de que llegue allí ningún trabajador.