El exviconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Esco, ha declarado este martes al juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa, Francisco Picazo, que el Consejo de Administración estuvo informado de todas las actuaciones que se realizaban, incluido el pago del diseño y la construcción de varias naves modulares que sociedad pública encargó a Codesport y cuyo comprador final fue la empresa Autocity.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación el abogado Juan Monclús, que representa a Escó en este caso, en el que el juez le ha imputado por presunta administración desleal y malversación de caudales públicos por firmar unos pagarés por valor de 8,7 millones de euros por el sobrecoste de la obra sin que, supuestamente, esta decisión pasara por el consejo.

"Todo pasó por el Consejo", ha afirmado Monclús, quien ha recalcado que el órgano de dirección de la sociedad pública autonómica tenía información "desde el principio de la obra".

Juan Monclús ha aseverado que la denuncia que motivó la instrucción judicial "oculta un hecho fundamental, que es la venta que se hizo a Autocity de todas las promociones de las naves, de las dos fases; es un hecho fundamental para conocer este asunto".

Ha subrayado que el entonces gerente de Plaza, Ricardo García Becerril y el director financiero, Pedro Colás, quien ha comparecido este martes como testigo, elaboraban informes que se trasladaban al Consejo de Administración y este aprobó durante los últimos años "por unanimidad" todos los acuerdos. Ha agregado que "no hay una sola acta en la que haya disconformidad en uno de los acuerdos".

Ha continuado asegurando que en todas las reuniones de los Consejos de Administración en las que se han presentado previsiones de tesorería y planes de negocio "están reflejados los distintos precios" y, de hecho, "salen reflejados los pagarés de las cuatro últimas facturas".

Este martes ha comparecido en calidad de perito el arquitecto Mariano Pemán, quien "ha dicho que el proyecto contenía deficiencias" en las que habría incurrido Codesport y que, ha opinado Monclús, "pueden originar otra serie de sobrecostes".

Las obras de las naves se adjudicaron en 2005 y tenían un presupuesto inicial de 14,5 millones de euros, pero el coste final superó los 32 millones más IVA al ampliarse el proyecto por solicitarlo la empresa Autocity, el comprador final de las naves. 

Acusación popular

En representación de UPyD, que ejerce la acusación popular, la letrada Irene Romea ha expuesto que "se trata de saber por qué un presupuesto y un contrato adjudicado por 14 millones al final ha costado 32", valorando que "es dinero público, es de todos".

En el transcurso de la comparecencia de Escó "no ha quedado claro quién lo autorizó ni cómo se autorizó" el pago del sobrecoste, por lo que UPyD va a pedir más pruebas, considerando que "se han pagado unas facturas porque alguien las emitió". Ha anunciado que solicitará que comparezca en calidad de testigo el propietario de Codesport, Agapito Iglesias.

Romea ha señalado que la documentación aportada por la defensa de Esco no acredita que el Consejo de Administración estuviera informado, ya que los anexos a las actas de las reuniones de este órgano "no forman parte de las actas que firman y ratifican todos los miembros del Consejo".

Ha apuntado que "había reuniones que duraban media hora" y se ha preguntado "quién puede tomar conocimiento de qué cuando hay 13 temas en el orden del día, cuando estamos hablando de millones y millones de euros de los ciudadanos".