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El Justicia sugiere puntuar a los padres que trabajen en una guardería de la DGA

Esta institución ha recibido una queja de una funcionaria de carrera de la DGA.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido a la Administración educativa que estudie la conveniencia de ampliar los criterios de admisión en guarderías, otorgando puntuación a los padres o tutores legales que trabajen en el centro para el que se solicita plaza.

Esta institución ha recibido una queja de una funcionaria de carrera de la Diputación General de Aragón (DGA), perteneciente al cuerpo de técnico Facultativo de Jardín de Infancia, que indica que los empleados de estos centros de la Administración autonómica "no tienen reconocida ninguna puntuación adicional al solicitar la inscripción de sus hijos en el centro, a diferencia de lo que sucede con el personal docente de centros de Primaria y Secundaria".

Esta persona argumenta que otorgar un punto en el baremo a los técnicos padres de solicitantes "facilitaría la conciliación de su vida personal y laboral".

El Justicia precisa, en las consideraciones jurídicas del expediente, que si en el proceso de admisión para niños a partir de 3 años se otorga puntuación por el hecho de que sus padres sean trabajadores del centro que han elegido como primera opción para su escolarización, "resulta lógico pensar que se debería proceder de igual forma en caso de que los niños fueran aún menores de esa edad, etapa en la que tienen menor autonomía".

Por otra parte, valora positivamente que la convocatoria del proceso de admisión en guarderías "tenga en cuenta con carácter prioritario a las unidades familiares en las que los progenitores o tutores legales sean todos trabajadores en activo en el momento de efectuar la solicitud de plaza".

Sin embargo, "entendemos que es posible avanzar en esas políticas de conciliación y atender otras circunstancias adicionales" y aboga por "la posible adopción de medidas de discriminación positiva en el caso de personas que desempeñen su trabajo en un determinado centro de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años, facilitando que sus hijos resultaran admitidos en el mismo.

Esto permitiría "evitar desplazamientos innecesarios al centro al que asisten los hijos" y que los padres no tengan que ausentarse de su lugar de trabajo "ante cualquier eventualidad que requiera su presencia". 

El Justicia ha sostenido que, cuando se está tratando de potenciar la instalación de jardines de infancia y guarderías en empresas y organismos administrativos con la finalidad de que los hijos de los empleados puedan estar adecuadamente atendidos en su mismo lugar de trabajo, "resulta sorprendente que en un ámbito en el que ya existen tales centros no se potencie el que los hijos de sus trabajadores puedan acceder a la guardería en la que ejercen sus padres".

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