La presión ciudadana ayuda a frenar unos 400 casos de desahucios en Zaragoza

Cada semana llegan a la plataforma Stop Desahucios Zaragoza entre cinco y diez casos nuevos de familias amenazadas por procesos de desalojo. "Los desahucios no se han detenido. La crisis se mantiene, no se crea empleo y el problema de la vivienda afecta cada vez a capas más amplias", asegura Pablo Híjar, portavoz de la Plataforma.

Stop Desahucios y otras plataformas ciudadanas critican que no hay estadísticas claras sobre este tema. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unas 1.350 familias perdieron su vivienda en Aragón de enero a septiembre del año pasado: 503 como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, 778 por la Ley de Arrendamientos y 68 por otros motivos. El CGPJ señala que los procedimientos de desahucio disminuyeron en 2013 respecto a 2012. Pero según un reciente informe del Banco de España, los desahucios se aceleraron en el país en el primer semestre de 2013 (este estudio no tiene datos diferenciados por comunidades autónomas).

La Plataforma Stop Desahucios Zaragoza se creó en junio de 2011, de manera paralela a otros movimientos ciudadanos surgidos en España tras el 15-M. Está formada por afectados y voluntarios. En estos casi tres años, la plataforma ha contribuido a frenar unos 400 desalojos, con concentraciones en la calle (la primera, en Valdefierro en julio de 2011) y negociaciones en oficinas bancarias y juzgados.

"Ninguna familia se ha quedado en la calle, salvo un caso. Hemos negociado con los jueces, con los bancos, con los propietarios para encontrar soluciones. En algunos casos hemos conseguido acuerdos y en otros se ha paralizado el procedimiento", explica Pablo Híjar.

La Plataforma Stop Desahucios Zaragoza señala que hay decenas de procedimientos paralizados porque se acogieron a la moratoria aprobada por el Gobierno, pero que estas familias necesitan resolver la situación con los bancos antes de mayo de 2015 o serán desalojados a partir de esa fecha. La plataforma reclama la dación en pago y la condonación de la deuda, algo que se ha logrado en algunos casos.

Historias con final feliz... o sin final

El caso de Miguel Naranjo, casado y con dos hijos, es uno de los que ha llevado la plataforma y ha tenido un desenlace satisfactorio. Tras perder su vivienda, tenía todavía una deuda de más de 145.000 euros. Gracias a la mediación de Stop Desahucios, en agosto firmó con el banco la dación en pago y la cancelación de la deuda. Ahora viven en un piso de alquiler social del Ayuntamiento en el Actur y él trabaja a tiempo parcial como conductor.

"Viendo otras historias, estamos contentos, nuestro caso ha terminado bien. Económicamente seguimos llegando bastante justos a final de mes. Mi deseo es empezar de cero y encontrar un trabajo a jornada completa, pero está difícil", señala. Miguel, ecuatoriano, lleva 14 años viviendo en España y toda la familia tiene ya la nacionalidad española, pero no descartan volver a su país de origen si la situación económica no mejora.

"Hasta mayo de 2015 estamos aquí y luego no sabemos. Por lo menos, de momento, seguimos en nuestra casa", afirma Merche Gascón, que vive con su pareja, José Antonio Torres, en un piso en el barrio de la Jota del que iban a ser desahuciados el pasado mes de septiembre. El juzgado suspendió su desahucio sólo unos días antes y se han acogido a la moratoria hasta el año que viene.

Ambos están enfermos (ella, padece una severa afección pulmonar y él, un cáncer de pulmón) y sus únicos ingresos son 491 euros al mes de la pensión de invalidez de José Antonio. Merche vive conectada permanentemente a una máquina de oxígeno, que les supone un gasto de más de 180 euros al mes de electricidad. Su piso ya se ha subastado y aún tienen una deuda de 190.000 euros. "Seguimos negociando con el banco. Pedimos la condonación de la deuda y un alquiler social. Estamos muy agradecidos a los compañeros de la plataforma, que nos están ayudando mucho", apuntan.

"Es angustioso estar esperando a que te echen de tu casa. Yo sigo buscando trabajo y negociando con el banco. Tenemos un año de margen, ¿pero después qué pasará con nosotros?", afirma Luis Ramón, también miembro de la Plataforma Stop Desahucios y otro caso acogido a la moratoria del Gobierno. Vive con su mujer y sus tres hijos en un piso en el barrio de Torrero que ya ha sido subastado. Tienen una deuda de más de 93.000 euros.