El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer pidió hoy por segunda vez a la Comisión Europea (CE) que investigue la supresión de 25 líneas de transporte escolar ejecutada por el Gobierno de Aragón y su sustitución por plazas reservadas para los escolares en líneas de transporte de viajeros regulares.

Meyer consideró en un comunicado que la reserva de plazas para transporte escolar en los servicios públicos de transporte vulnera la normativa europea y el derecho a la educación del alumnado del medio rural en condiciones de equidad, igualdad y calidad.

El eurodiputado ya denunció en julio ante Bruselas la eliminación de estos 25 servicios de transporte escolar, a lo que el Ejecutivo comunitario ha respondido solicitando a IU más información sobre el caso.

Por ello el eurodiputado remitió información sobre la decisión del Ejecutivo aragonés de incluir el uso prioritario del transporte regular de viajeros para prestar servicios escolares en el Proyecto de Ley de Medidas fiscales (ley de acompañamiento a los presupuestos).

IU destacó que esta misma medida se aplicó en Castilla y León y como consecuencia la Unión Europea (UE) abrió un expediente sancionador al Estado español, por lo que "no se entiende que la CE no haya iniciado una investigación correspondiente al caso de Aragón", dijo el portavoz de Educación de la formación, Adolfo Barrena, en un comunicado.

Meyer ha pedido a la CE que aclare si va a iniciar una investigación y que explique por qué se exonera (en su primera respuesta a la denuncia de IU) de reunir información sobre el tema del transporte escolar y la aplicación de la directiva correspondiente.

En este sentido el eurodiputado recordó al Ejecutivo comunitario que "es su obligación (...) recabar datos sobre este tipo de infracciones" y que "el control de la implementación de directivas europeas es de su competencia exclusiva".

También solicitó conocer si Bruselas dispone ya de alguna información sobre este caso, tanto en Aragón como en Castilla y León.

Para Barrena, la inclusión del "recorte" en la ley de medidas fiscales supone "la ratificación del ataque a la escuela rural que se comete al suprimir el transporte escolar ordinario en las condiciones establecidas para niños del medio rural con el único y exclusivo pretexto del recorte del gasto".

"Se van a generar problemas de escolarización porque los horarios de transporte regular no están adaptados a los horarios escolares. En ocasiones, el alumnado llegará tarde al centro escolar, en otras ocasiones deberá estar largo rato en espera y, en definitiva, serán víctimas de esta absurda medida", consideró.