La Policía constata obras de lujo en fincas de Becerril y otro imputado de Plaza

Tres meses y medio después de que el actual director gerente de Plaza denunciara ante la Fiscalía Especial Anticorrupción las irregularidades que han dado lugar a la bautizada como Operación Decken, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía acaba de remitir al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza su primer y esperado informe. Se trata de un documento no muy extenso en el que los investigadores 'presentan' a los cinco imputados y dan cuenta de su patrimonio inmobiliario, incluidas una serie obras «de lujo» de dudosa financiación y que la Policía sospecha que pudieron cargarse al erario público. Se incluirían bodegas, piscinas e incluso pistas de pádel.

También enumeran una veintena de empresas y autónomos que habrían inflado facturas o cobrado servicios inexistentes.

Hasta la fecha, la Fiscalía y la Brigada de Blanqueo de Capitales investigan al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, al exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y al empleado de Intecsa-Inarsa y exjefe de obras, Nicolás Groeneveld, a los que se imputan delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y prevaricación. A los exresponsables de las UTE y directivos de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, también encartados, se les atribuyen supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales (además de cohecho, en el caso del primero).

En un primer momento, la Fiscalía cifró en 50 millones de euros la cantidad que los imputados podrían haber 'distraído' durante las obras de urbanización de Plaza. Pero lo cierto es que no existe todavía ningún documento contable o auditoría que avale esta estimación.

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