Campaña de Médicos del Mundo #Leyesquematan contra la reforma sanitaria

El 31 de agosto de 2012, el Real Decreto Ley 16/2012 dejó sin tarjeta sanitaria a más de 31.000 extranjeros en Aragón. A pocos días de que se cumpla un año desde la entrada en vigor de la medida, Médicos del Mundo Aragón denuncia el colapso de sus consultas médicas llevadas por voluntarios.

El aumento de pacientes que no tienen más remedio que recurrir a una ONG para ser atendidos ha obligado a la asociación a aumentar los días de consulta (de dos a tres) y a dar cita con más de un mes de antelación. Además, informan de que también ha cambiado de forma drástica el perfil de las personas que acuden en busca de la ayuda de los médicos voluntarios de estas organizaciones.

"Antes de que se modificase la ley, atendíamos sobre todo a pacientes jóvenes, recién llegados a España y sin ningún tipo de documento de identidad. Les veíamos por periodos cortos por temas de prevención o por enfermedades banales hasta que les ayudábamos a entrar en el Sistema de Salud", informa Marcos Díez-Cornell, médico del hospital Miguel Servet de Zaragoza y voluntario de Médicos del Mundo. Ahora, sin embargo, los pacientes son personas que ya tenían un médico de cabecera pero que perdieron su derecho a recibir atención primaria con el Real Decreto. "Hay muchísimas personas con problemas crónicos, como diabetes o historiales de infartos al corazón, que ahora están viniendo a nosotros porque son rechazados por el Sistema de Salud cuando van a pedir cita", explica el médico zaragozano.

Enfermos crónicos

Luis Andrés Gimeno, médico de familia del Centro de Salud San Pablo de Zaragoza, confirma que pese a que el Gobierno de Aragón aseguró que los enfermos crónicos no tendrían ningún problema para recibir atención sanitaria, la realidad actual es muy diferente. "Se dijo que se seguiría atendiendo a los enfermos crónicos pero oficialmente se les ha dado de baja del sistema y el Gobierno de Aragón nunca ha vuelto a darles de alta. Ni tampoco a los pacientes con problemas de salud mental o de enfermedades infecciosas", critica este profesional miembro del Grupo de Inmigración y Salud de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). Gimeno pone como ejemplo su centro de salud, donde se dio de baja de oficio a más de mil personas "de la noche a la mañana".

"Ahora se están arreglando la vida como pueden: acudiendo a Urgencias, compartiendo tarjetas y otros, desgraciadamente, sufriendo enfermedades sin atención médica -lamenta Gimeno-. Los diabéticos probablemente estén teniendo unos problemas muy serios".

Programa ineficaz

El Gobierno de Aragón anunció en abril la puesta en marcha del Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública como una medida para permitir la atención sanitaria gratuita -sin pasarles factura- a extranjeros sin recursos empadronados por un periodo superior a seis meses en un ayuntamiento de la comunidad autónoma. Los médicos de familia aseguran, sin embargo, que el programa no ha resultado efectivo hasta el momento por los "complicados" trámites que exige para acogerse a él. La falta de información facilitada tanto a los inmigrantes como a los propios facultativos dificulta también que el programa funcione: "Muchas personas que tendrían derecho a asistencia porque cumplen los requisitos acuden a las consultas de Médicos del Mundo porque no saben cuáles son sus derechos o porque es muy complicado que una persona por sí sola supere todos los trámites. Por tanto, su historial sigue sin aparecer en el sistema y se les sigue denegando la atención sanitaria", explica por su parte José María Llorente, secretario de Médicos del Mundo Aragón.

Este médico de Zaragoza critica también que el programa es "un parche" que ni siquiera incluye las recetas: "Como no cubre los medicamentos, mucha gente no puede comprarlos. Si no los toman, se encarece la asistencia porque económicamente no es lo mismo la prevención que el ingreso hospitalario", señala.

Díez-Cornell considera por su parte que Aragón "no solo aplica a rajatabla el Real Decreto, sino que va más allá al cobrar a las embarazadas, los menores y las urgencias" y advierte de los peligros que supone para la salud el uso compartido de tarjetas sanitarias, "una de las soluciones a las que se ven obligados a recurrir los inmigrantes". "Ya no te puedes fiar del historial médico de un paciente porque puede haber registradas enfermedades y fármacos que no son suyos. Está pasando mucho el que una misma tarjeta la utilicen varias personas porque es la única forma de defenderse que tienen los inmigrantes que no conocen las ONG".