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Los juzgados reciben 200 reclamaciones de la paga extra

Los sindicatos se muestran optimistas tras las dos primeras sentencias favorables del TSJA y piden a la Administración que rectifique para no colapsar los juzgados con los recursos.

Protesta de funcionarios el verano de 2012 tras conocer los recortes del Gobierno
corte de tráfico de funcionarios
P.P.

Este lunes terminaba para el personal laboral y los trabajadores de las empresas públicas el plazo de un año para interponer una demanda contra la suspensión en 2012 de la paga extra de Navidad. Los funcionarios, sin embargo, tienen la posibilidad de reclamar las cantidades adeudadas durante cuatro años.

En total, los sindicatos con representación en las administraciones y empresas públicas de la Comunidad (CSI-F, CC.OO. y UGT) han presentado cerca de 200 recursos contra esta medida. Conflictos colectivos ante los juzgados de lo Social en el caso del personal laboral –ya que se rige por convenios colectivos- y recursos por la vía contencioso-administrativa en el caso de organismos con un número importante de funcionarios. Recursos que se acumulan ahora a nivel provincial y autonómico en unos juzgados ya de por sí saturados.

Ante todo, los sindicatos piden la inconstitucionalidad de la decisión de suprimir la paga extraordinaria en 2012 por comprender que vulnera lo establecido tanto en los convenios colectivos del personal laboral como en la legislación laboral básica, que determina la existencia de las dos pagas extra.

En su defecto, UGT, CC.OO. y CSI-F buscan con estos casi 200 recursos la devolución a los trabajadores afectados de, al menos, la cantidad correspondiente a 44 días, al periodo ya devengado de la paga de diciembre desde el 1 de junio hasta que se anunció el recorte el 13 de julio de 2012, ya que un recorte no puede tener carácter retroactivo.

Dos sentencias favorables

En la última semana, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha fallado a favor de la devolución de esa parte devengada en dos de los recursos que afectaban al ámbito regional: a los trabajadores de la empresa pública Aragonesa de Servicios Telemáticos y a los 4.000 efectivos de personal laboral de la DGA.

Estas dos sentencias marcan un precedente en la Comunidad, pero todavía quedan casi 200 recursos que se acumulan especialmente en los juzgados provinciales de lo Social.

Este lunes CC.OO. presentó 64 conflictos colectivos más, otros tantos UGT y algunos más CSI-F. "Hemos presentado recursos prácticamente en todos los ámbitos: sociedades municipales, ayuntamientos, empresas públicas... - confirma Enrique Gracia, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. en Aragón-. Tenemos muchísimos conflictos colectivos abiertos en los juzgados provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, más las reclamaciones contencioso-administrativas presentadas por los funcionarios de los grandes ayuntamientos y las diputaciones provinciales".

Tras los dos primeros fallos a nivel autonómico del TSJA, cabe anticipar que el resto de recursos seguirán la misma línea por lo que los sindicatos piden a la Administración un comportamiento 'racional': "Debería reconocer que se ha equivocado y corregir el error ya porque si no, lo único que estamos haciendo es saturar los juzgados", explica Javier Pérez, secretario de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de CC.OO.

Enrique Gracia considera una "obviedad" que sería un "absoluto atropello jurídico" que no se reconociese el derecho al periodo devengado de la paga extra, por lo que señala: "Con el bloqueo tan tremendo que hay actualmente en los juzgados lo lógico sería que el Gobierno buscase algún tipo de salida para evitar que tengamos todos copados con esta materia, con un montón de casos en marcha que además nos acabarán dando la razón".

La secretaria de FSP-UGT Aragón, Alicia Hernández, opina en la misma línea y resalta que el fallo del TSJA de esta semana a favor de los trabajadores laborales de la DGA es el que afecta a un mayor número de empleados, por lo que debería favorecer el que la Administración "se siente a negociar para no seguir metiendo procesos judiciales".

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