Medio ambiente

Cataluña insiste en su reivindicación de caudales y la CHE los ve "imposibles"

A pesar de esta circunstancia, Xavier de Pedro ha insistido en que el clima de "diálogo" y "consenso" con la Generalitat "no se ha roto".

El Ebro a su paso por Zaragoza
Instalación del puente_2
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La Generalitat de Cataluña ha vuelto a votar este viernes en contra del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro al discrepar sobre la fijación de los caudales ambientales del río, que desde la presidencia del organismo de cuenca ven "imposibles" de cumplir.


Después de que este jueves el Consejo del Agua de la Demarcación del Ebro aprobara el plan de la cuenca, este viernes se ha sometido este documento al Comité de Autoridades Competentes, en cuya votación se ha obtenido una resultado similar al del día anterior, con quince votos a favor y dos en contra, el de la Generalitat y el de los municipios de las Tierras del Ebro.


Tras la reunión, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, se ha mostrado "plenamente satisfecho" por la aprobación de un documento que debería estar en vigor desde finales de 2009, y se ha comprometido a que este retraso "no vuelva a producirse" y a comenzar cuanto antes el trabajo para la revisión del recién aprobado plan, cuya vigencia concluye en 2015.


Respecto al rechazo del gobierno catalán, De Pedro ha insistido en que su planteamiento de caudal hidrológico, de 7.000 hectómetros cúbicos anuales en años secos, es "imposible" de cumplir.


Pero el clima de "diálogo" y "consenso" con la Generalitat "no se ha roto" y de hecho, De Pedro ha recordado que el plan ha incluido muchas alegaciones y sugerencias formuladas desde Cataluña, especialmente relacionadas con la ampliación de regadíos.


La petición de incrementar los caudales, en principio, puede ser contradictoria con esta ampliación de regadíos, ha reconocido, que aunque asumida en el plan responde a un planteamiento "maximalista y exigente" y no acorde con las peticiones medioambientales.


Por eso, ha dicho que sería "injusto" decir que no ha habido "colaboración" de la Generalitat, que ha hecho prevalecer su posición sobre el caudal por encima de otras consideraciones.


En la misma línea, el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Enric Llebot, ha dicho que además de las diferencias sobre los caudales ambientales en distintos puntos del río, el gobierno catalán mantiene "sustanciales discrepancias conceptuales" respecto a la elaboración del propio plan.


No ha confirmado si la Generalitat tiene previsto llevar al plan a los tribunales europeos, pero sí ha dicho a los medios de comunicación que el ejecutivo catalán "llevará su opinión allí donde ésta pueda ser relevante", aunque también ha insistido en el clima de diálogo en los órganos de la CHE y en que éste no se ha roto a pesar de la "posición crítica" de Cataluña.


Llebot ha reconocido no obstante el trabajo que ha hecho la CHE con el plan hidrológico, que "no es una tarea fácil" y que incluye cuestiones con las que sí está de acuerdo la Generalitat.


Respecto al apoyo de los regantes catalanes al plan, ha explicado que éstos "representan una actividad determinada" y la Generalitat no puede centrarse solo en una cuestión.


"El regadío es una parte del plan, pero no una parte exclusiva", ha precisado.


Por su parte, el consejero de Medio Ambiente aragonés, Modesto Lobón, ha explicado que en la reunión de este viernes se ha aprobado la constitución de tres grupos de trabajo sobre el aprovechamiento lúdico de los embalses, la limpieza de los ríos y la lucha contra especies invasoras.


Lobón ha apuntado, además, que la aprobación del plan hidrológico puede servir de "acicate" para la marca "Valle del Ebro" en materia agroindustrial, que puede competir "mundialmente" debido a sus "enormes posibilidades".


Con la aprobación de hoy ya se han cumplido los trámites previos al envío del documento a Madrid, para que éste sea aprobado en el Consejo Nacional del Agua, asumido por el ministerio y, después, aprobado mediante Real Decreto por el Gobierno de España.