El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que pone en marcha el plan de gestión social de la vivienda, una bolsa para alquiler social, iniciativa a la que se van a destinar 2,7 millones de euros (2 para alquileres y 700.000 para la nueva convocatoria de ayudas a inquilinos).

La red estará formado por las viviendas que aporten particulares, administraciones públicas, entidades financieras de crédito y entidades sociales no lucrativas, que podrán ser gestionadas por el propio Gobierno de Aragón o a través de entidades colaboradoras

El objetivo de este decreto, impulsado por los departamentos de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y de Sanidad, Bienestar Social y Familia, es proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que tienen dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

Además, el ejecutivo autónomo garantizará a los cedentes de las viviendas el cobro de las rentas, la asistencia jurídica y la reparación de los desperfectos causados por el uso de las viviendas por los beneficiarios, bien directamente o mediante la contratación de pólizas de seguro necesarias para cubrir esas contingencias.

El Gobierno aragonés también se hará cargo de la fianza que está obligado a abonar el arrendatario y hará un seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos.

Los cedentes de viviendas podrán percibir una cantidad no superior a cuatro euros el metro cuadrado de superficie útil, con un límite máximo mensual de cuatrocientos euros, aunque podrán establecerse otros límites inferiores en función de la localidad, tamaño y condiciones de la vivienda.

Mientras, la renta máxima a abonar por el arrendatario será de tres euros por metro cuadrado útil con un límite máximo mensual de trescientos euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40 por ciento de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social.

La diferencia entre las rentas de cobro y pago será abonada por el Gobierno de Aragón "en función de la disponibilidad presupuestaria". Además, los arrendatarios de vivienda habitual podrán deducirse el 10% de las cantidades satisfechas.

Para ser beneficiario de este alquiler, alguno de los miembros de la unidad de convivencia debe estar empadronado en Aragón y percibir unos ingresos anuales por la unidad de convivencia no superiores en 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en la actualidad es de 532,51 euros.

Para la asignación de las viviendas se tendrán en cuenta criterios como que los arrendatarios estén afectados por situaciones catastróficas o emergencias o por desahucios; que todos los miembros de la unidad de convivencia estén en paro y hayan agotado sus prestaciones, o que alguno de sus miembros tenga declarada una discapacidad superior al 33 por ciento o una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.

También que se trate de una familia numerosa, de una familia con una víctima de violencia de género u orden de protección, con un menor de 3 años o con mayores de 65 años o de una familia monoparental con dos hijos a cargo.

En el caso de las bolsas gestionadas por entidades colaboradoras los convenios firmados con cada una señalarán el procedimiento que estas emplearán para la asignación de las viviendas.

Una vez que la entidad colaboradora haya efectuada la asignación de la vivienda esta será supervisada por la Dirección General de Vivienda.