El Gobierno de Aragón ha impulsado, mediante un decreto que se está tramitando, la creación de una red de bolsas de viviendas para alquiler social a la que destinará este año 2,7 millones de euros y que podría atender a unas 480 familias con ingresos mínimos.

El decreto, que será publicado en los próximo días, tiene como objetivo la creación de una red de bolsas de viviendas para alquiler suficiente para que todos los aragoneses en situaciones precarias tengan acceso a ellas así como una nueva convocatoria de ayudas a inquilinos con la finalidad de facilitar el pago de la renta, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, Rafael Fernández de Alarcón.

En concreto el texto que inicia su tramitación y será presentado en el próximo Foro de la Vivienda de este mes de marzo, destina 2 millones de euros para alquiler social y 700.000 para la nueva convocatoria de ayudas a inquilinos

Esta medida que es la "estrella" del Plan de Gestión Social de la Vivienda del Ejecutivo aragonés, es un instrumento complementario del Fondo Social de Viviendas Estatal, ha dicho el consejero, quien ha añadido que los inmuebles de esta red podrán ser gestionados directamente por el Gobierno aragonés o a través de entidades colaboradoras, como ONG homologadas, ayuntamientos y comarcas.Garantías para los propietarios

El decreto consta de dos partes, una de las cuales es un llamamiento a los propietarios de viviendas para que las destinen e alquiler social con la garantía de que el Ejecutivo asegura el pago de hasta 4 euros por metro cuadrado, hasta un máximo mensual de 400 euros, así como que el inmueble será cuidado o recuperado del daño ocasionado en su caso.

La otra parte de este decreto son los beneficiarios, todas las unidades familiares que tengan ingresos mínimos de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) inicialmente, y que pagarán como máximo 3 euros por metro cuadrado, con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda y que no superará el 40% de los ingresos de los beneficiarios.

La diferencia entre las rentas de cobro y pago será abonada por el Gobierno de Aragón en función de la disponibilidad presupuestaria, salvo en los casos en los que la entidad gestora asuma una parte de los ingresos.

Fernández de Alarcón ha señalado que se desconoce el número de bolsas de viviendas que serán necesarias y ha añadido que será Zaragoza y su entorno la que mayor número requiera porque es la zona que más demanda de vivienda social tiene y donde previsiblemente se crearán entre 4 y 6 bolsas, ha apuntado.El Gobierno será el intermediario

El consejero ha insistido en que la cesión de la vivienda la hará el Gobierno de Aragón, de modo que se elimina el contacto directo entre el propietario y el beneficiario y la "desconfianza" que se genera por el cobro del alquiler ya que, por este decreto, el Ejecutivo garantiza el cobro de la renta, la asistencia jurídica y la reparación de los desperfectos.

Además se hará cargo de la fianza arrendaticia que está obligado a abonar el arrendatario y hará un seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos.

La bolsa, que estará integrada por viviendas del Gobierno de Aragón y de otras administraciones, además de los propietarios particulares que lo deseen se gestionará a través del Ejecutivo o de otras entidades con las que se formalizarán convenios que señalarán las prioridades y el procedimiento para la asignación de las viviendas.

Además de estar empadronado en Aragón, no percibir ingresos superiores al 1,5 del IPREM y no disponer de otra vivienda se tendrá en cuenta para el alquiler a los beneficiarios que éstos estén afectados por situaciones catastróficas o emergencias, por desahucios, que todos los miembros de la familia estén en el paro, que alguno tenga declarada discapacidad superior al 33%, que sean familias numerosas o exista una víctima de violencia de género reconocida por sentencia judicial firme, entre otros.

Fernández de Alarcón ha insistido en que la oferta del alquiler debe realizarse por dos años y ha resaltado que el objetivo que se persigue es que ninguna persona que viva en la Comunidad aragonesa se quede sin vivienda, un objetivo que, con este decreto, "se puede cumplir", ha resaltado.

La previsión con la que trabaja el Ejecutivo aragonés es que el decreto se ponga en marcha este verano y, al día siguiente de su aprobación se publicará la convocatoria para la cesión de estas viviendas en alquiler y habrá, ha indicado, una convocatoria anual por lo menos.