Los desahuciados en riesgo de exclusión tendrán una solución a su caso en diez días

Las personas que vayan a ser desahuciadas de su vivienda habitual y que estén en riesgo de exclusión social tendrán una solución a su problema en un periodo máximo de diez días desde la comunicación del alzamiento, con su reubicación en una de las viviendas de la bolsa del Gobierno de Aragón.

Es lo que garantiza el convenio firmado por el ejecutivo autonómico, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que establece que el juez que deba encargarse del procedimiento de desahucio comunicará las situaciones de posible vulnerabilidad que detecte para que los servicios sociales propongan la solución al problema, antes de que se ejecute el desahucio.

Los afectados, de esta manera, podrán beneficiarse de las medidas del Plan de Gestión Social de la Vivienda que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha, entre ellas la bolsa de viviendas para alquiler social.

El convenio supone establecer un nuevo cauce de información entre el sistema judicial y el de protección social, para que la existencia de casos de posible exclusión social sea rápidamente comunicada a las instituciones para aliviar la situación de estas personas.

La resolución del problema, según el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, que ha firmado el convenio, se fija en un máximo de diez días, durante los cuales se podrá suspender el desahucio.