Aragón tendrá una ley para evaluar y garantizar la calidad de los servicios

Las Cortes de Aragón tramitarán la ley de calidad de los servicios públicos al haber superado el proyecto enviado por el Gobierno su primer trámite parlamentario, que permitirá contar con un texto legal con el compromiso de conseguir una administración eficiente mediante la evaluación de los servicios que presta.

PSOE e IU han presentado una enmienda de devolución al proyecto, que no ha prosperado, mientras que PP y el PAR han votado a favor de continuar con la tramitación y CHA se ha abstenido, al compartir la necesidad de contar con una ley de estas características, "pero no ésta", ha precisado su portavoz, José Luis Soro.

El consejero de Hacienda, José Luis Saz, ha defendido la necesidad de un texto legal que fija un "proceso integral y global" y que coloca al ciudadano en el centro de la atención y de la gestión pública, porque "ya no es posible prescindir de la evaluación de la calidad" .

La ley, según Saz, fija unas estrategias que propiciarán una administración pública eficiente, potencia la participación, la transparencia y la colaboración de la sociedad y, además, da respuesta a las necesidades sociales.

Cartas de Servicios

Mediante la evaluación de los servicios que presta, la administración autonómica será capaz de comparar los resultados con los de administraciones homólogas, ha dicho el consejero, quien ha recordado que entre las medidas que se incluyen está el establecimiento de Cartas de Servicios, entendidas como instrumentos de mejora de la calidad de los servicios.

Ha precisado que en estas cartas la Administración explicita y difunde los servicios que presta, así como los derechos de los ciudadanos frente a ellos y los compromisos de eficiencia adquiridos para su prestación.

También se establecen premios a la calidad como un instrumento de reconocimiento social y se instaura un procedimiento formal para el seguimiento de las quejas y sugerencias ciudadanas que, en su caso, podrán dar lugar a la constitución de grupos de trabajo que realicen propuestas de mejora a partir de su análisis.

Críticas

En defensa de su enmienda de devolución, la socialista Ana Fernández ha dicho que la ley está "vacía y hueca", "carece de ambición" y es una operación de "pura propaganda" al no incluir una memoria económica, ya que a su juicio, "el coste cero equivale a resultado cero".

"No fija plazos ni medidas y no establece comunicación a las Cortes", ha añadido Fernández, quien ha asegurado que trata de un compendio de "medidas inconexas" que podrían haberse presentado en una orden o decreto, y que "no hacía falta una ley".

A su juicio, el compromiso con la calidad de los servicios públicos se demuestra mejorándolos, "cuestión que cada vez es más deficiente por los recortes" que el gobierno aragonés está aplicando.

"Primero deberían empezar por no recortar y luego, seguir por medir la calidad", ha manifestado Fernández, cuestión en la que ha coincidido el diputado de IU Adolfo Barrena, quien ha hecho hincapié en la contradicción que supone que sea el consejero Saz "quien más ataques produce a los servicios y quien más aplica la tijera" quien defienda la necesidad de garantizar su calidad.

Ha agregado, respecto a los aspectos concretos de la ley, que ésta no establece la participación ciudadana de una manera organizada y se olvida de que una parte importante de los servicios los presta la iniciativa privada, y además ha criticado que se premie a quien haga bien su trabajo, porque eso es "una obligación" y "responsabilidad" del gobierno.

Por CHA, José Luis Soro ha dicho que una ley de estas características es necesaria, pero no ésta, y por eso Chunta Aragonesista ha presentado 54 enmiendas parciales y se ha abstenido en el debate de las enmiendas de devolución.

La ley, ha estimado, es "floja, regular tirando a mala", pero se ha mostrado de acuerdo en darle "rango de ley" a la garantía de calidad de la prestación de servicios.

Yolanda Vallés (PP) y Antonio Ruspira (PAR) han defendido la oportunidad y el contenido del proyecto de ley, y en este sentido Ruspira ha pedido que los grupos lleguen al consenso lo más amplio posible para su redacción final.