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Una asociación denuncia "claro maltrato institucional" en los centros de menores

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La Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón ha denunciado en un comunicado la "precariedad" en los equipos educativos y del personal, "a veces escasamente profesionalizado".

La Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón, ASAPA, ha asegurado este miércoles que existen casos de "inadecuación absoluta" en los centros de protección de menores de Aragón en cuanto a los perfiles y necesidades de los menores, lo que provoca situaciones de "claro maltrato institucional".


ASAPA ha asegurado en un comunicado que ser un menor protegido o tutelado por el Sistema de Protección de Menores "es un factor de riesgo" y que hay menores que, aún tutelados por la administración pública, "están en situación de desamparo".


Todo ello debido a la "precariedad" en los equipos educativos y del personal, "a veces escasamente profesionalizado", además de que "no existen centros especializados para determinados perfiles" y muchos menores "son derivados a centros de perfil psiquiátrico o terapéutico de adultos", han asegurado desde ASAPA.


Una situación que podría agravarse, según la asociación, dada "la intención del actual gobierno (de Aragón) de reducir la financiación de estos centros entre un 10 y un 30%", puesto que "sería difícil aplicar el recorte sin recortar plantillas o proyectos educativos" por parte de las entidades adjudicatarias de dichos centros.


Motivo por el que ASAPA ha denunciado ante el Fiscal de Menores y ante el Justicia de Aragón esta nueva iniciativa política con el fin de que "se garanticen los derechos y necesidades de los menores", además de que la "administración pública cumpla con sus obligaciones legales" con estos menores, y la posibilidad de que se realice "una supervisión de los centros y los menores" ajena a la estructura del servicio.


Para evitar casos como los de menores inmigrantes que, "incumpliendo la legalidad vigente en materia de extranjería", abandonan el sistema al cumplir los 18 años y "se encuentran en la calle sin haberse regularizado su situación (como manda la ley)", o con un permiso de residencia que "no les autoriza a trabajar", ha denunciado la asociación.


O evitar que se produjera algún caso de impago que, según la asociación, ha llevado a cabo el Instituto Aragonés de Servicios Sociales "desde Enero" en el Centro de Acogimiento Residencial Especial Los Olivos, y "en noviembre de 2011 y julio de 2012 en el centro de menores Casa Familiar San Vicente de Paúl", centros que "carecen de un contrato con la administración, siendo centros colaboradores con el IASS".


Unas situaciones que se repiten, según ASAPA, en la gestión de los "centros de protección de menores y la gestión del CEIMJ Juslibol" que, según ASAPA, "vulneran gravemente la vigente legislación protectora de menores".