Cuatro de cada diez parados aragoneses no reciben ninguna prestación ni subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal, que invierte más de 67 millones de euros en ayudas a los desempleados de la Comunidad. La cifra ha aumentado considerablemente con respecto a la de hace un año, cuando el 34% de los parados no tenía derecho a ninguna contribución, y este grave problema ya afecta al 40% de los aragoneses inscritos en las oficinas del INAEM, según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De las 104.859 personas que a final de junio se encontraban en esta situación en la Comunidad, tan solo 63.925 recibieron algún tipo de prestación del Gobierno central en mayo, cuya cuantía media fue de 877 euros. Por lo tanto, hasta 40.934 ciudadanos no tenían derecho a la misma o habían agotado todas sus prestaciones.

La mayoría de los aragoneses que todavía conservan alguna ayuda perciben la prestación contributiva, más conocida como paro, a la que tuvieron acceso 37.000 desempleados. El resto se repartieron entre el subsidio -ayuda económica para los parados que no tienen derecho a la prestación por desempleo-, que llegó a 22.858 personas, y la Renta Activa de Inserción, a 3.922.

La situación, que ya era crítica hace un año, ha empeorado de forma significativa en Aragón y cada vez son más las personas -y familias enteras- que tratan de subsistir sin ningún ingreso, por lo que tienen que recurrir a los servicios sociales públicos, las organizaciones humanitarias o la ayuda de familiares y amigos.

Desesperación entre los parados

“Los parados de larga duración están sufriendo demasiado y después de buscar trabajo sin éxito durante años muchos están deprimidos y han perdido la esperanza”, asegura Francisco Javier Bueno, desempleado y miembro de Marea Roja, un movimiento que trata de ayudar a los desempleados y reivindicar la situación que viven millones de parados en España: “Este problema cada vez es más grave y todavía no entiendo cómo no hay más gente dispuesta a movilizarse. Pero, tarde o temprano, esto tendrá que explotar por algún lado”.

La desesperación de los desempleados aragoneses también la han detectado en Cáritas Diocesana, una organización que ya no solo atiende a personas en riesgo de exclusión social. “Cada día vienen más familias normalizadas que hace solo unos años o unos meses nunca hubieran pensado que tendrían que recurrir a nuestra ayuda”, reconoce Carmen Gil, coordinadora de Intervención Familiar de esta entidad en Zaragoza.

La única salida para muchas de estas familias en las que todos sus miembros están en el paro es recurrir a este tipo de organizaciones y a los servicios sociales públicos, en los que pueden conseguir ayudas como el Ingreso Aragonés de Inserción, dotado de entre 400 y 650 euros, o la ayuda de Integración Familiar, que varía según el número de miembros que la forman. “El problema es que estos servicios están saturados y los afectados pueden tardar varios meses en recibir las prestaciones”, indica Gil, quien destaca la labor de entidades como Cáritas durante ese periodo: “En 2009 duplicamos las ayudas y la previsión para este año es que superemos en un 25% esas cifras”.

Diálogo con el Gobierno

Desde la secretaría de Política Social de CC.OO. insisten en la necesidad de establecer un diálogo con el Gobierno para mejorar la situación de los parados. “Desde 2008 se ha reducido el porcentaje de desempleados preceptores y de la cuantía económica de las ayudas. Entendemos que la propuesta del Ejecutivo para incentivar que la gente encuentre un trabajo no debe ser la reducción de estas prestaciones”, reclama Marta Arjol, responsable de esta sección del sindicato en Aragón: “Así solo se consigue generar miedo entre las personas sin empleo e incrementar su desprotección”.